Marcos Alberto Acuña Avilés fue desde los noventa uno de los hombres de confianza de Daniel Ortega. Fue nombrado hace 17 años como jefe de la escolta del líder sandinista, siempre se le podía observar a la derecha del mandatario en eventos públicos y privados, ha sido testigo cercano y participe de la instalación de la dictadura Ortega-Murillo; sin embargo todo eso no importó a la hora que cayó en desgracia.
Acuña, quien fue ascendido al grado de ‘comisionado general’ en 2014 vio desaparecer 25 años de esfuerzo en su puesto por discutir con la vicedictadora Murillo, quién inmediatamente ordenó su encierro el 24 de julio, según información extraoficial; y no se conocen los motivos de dicha discusión; sin embargo la noticia se hizo publica el pasado 6 de agosto en un comunicado oficial de la Policía.
Al comisionado se le acusa públicamente de desobedecer flagrantemente órdenes superiores. Se le impuso “baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”, dijo la Policía en la nota, sin mayores detalles. Lo último que se supo es que Acuña está internado en el hospital de la Policía Nacional, Roberto Huembes, y permanece incomunicado de sus familiares y excompañeros.
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Por lo visto, Ortega no defendió a su leal servidor al ser cuestionado por la vicedictadora, quien luego de la discusión lo corrió y del enojo al comisionado general se le subió la presión sanguínea y fue trasladado al hospital Roberto Huembes donde fue estabilizado; sin embargo, fue retenido en dicho lugar.
«Lo de Acuña parece ser una decisión exclusiva de Murillo, por que Acuña tiene casi 30 años trabajando para Ortega, y eso demuestra el poder de Murillo que es prácticamente total, y Daniel Ortega ratificando nada más las decisiones que toma Murillo, lo que evidencia el proceso de descomposición del régimen que ya no confia en nadie», dice la excomandate Dora María Tellez.
Según el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco Juan Diego Barberena, la destitución del comisionado Acuña no se puede ver de otra forma que no sea la desconfianza interna de la dictadura y ese afán de control totalitario y paranoico, y que evidentemente toca todas las instituciones del Estado, principalmente a quienes están más cerca de la familia en el poder.
Para Téllez, el caso de Acuña es una continuidad de la purga que se está dando dentro de la Policía Nacional, que por más que se ha convertido en un instrumento incondicional del régimen, nunca hay satisfacción. Téllez recuerda que Murillo ha ejecutado esa purga silenciosa desde el 2022. «La purga va avanzando al partido sandinista, varios secretarios políticos y personalidades importantes al lado de los Ortega Murillo», dice.
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«Esto tiene un efecto en el sentido de la erosión y descomposición interna de las bases que los sustentan, políticamente hablando, es parte también del afán de Rosario Murillo de avanzar en el control político partidario y en todo los espacios, llevándose por delante a quien tenga que llevarse. Además refleja que Ortega no tiene mayor margen de acción que avalar las decisiones de Murillo, y que está encuadrado en el debate sobre la sucesión de la dictadura, lo que mantiene una crisis interna», dice Barberena.
Acuña no es el único desterrado y encarcelado por la vicemandataria, otro caso que sonó fue el de Humberto Ortega Saavedra, el hermano del dictador, a quien la primera dama mandó a encarcelar en junio de este año. ¿La razón? Unas declaraciones en una entrevista con el medio Infobae, en las que el hermano del dictador descartaba a la vicepresidenta y esposa del caudillo sandinista como la sucesora en la línea de mando del poder.
