Con el voto favorable de 91 diputados, entre sandinistas y zancudos, que conforman la Asamblea al servicio de la dictadura, fue aprobada este miércoles la Ley creadora de un nuevo Consejo Presidencial con el que, según el régimen Ortega-Murillo, enfrentarán el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y que estará integrado por instituciones y funcionarios que están en listas de criminales internacionales de EE.UU y otros países.
La nueva normativa, aprobada por unanimidad es la «Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación Intercambio de Información para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo».
Dicho Consejo, que será presidido por el propio Ortega desde su casa-oficina-escondite de El Carmen, estará integrada por representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministerio Público (MP), Ministerio del Interior y la Policía orteguista.
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Además, estarán incorporados la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
De acuerdo con el programa de actividades que determina la ley, el nuevo Consejo sesionará dos veces al año y, de manera extraordinaria, cuando se estime necesario.
Operadores políticos justifican nuevo Consejo
El operador político de la dictadura que funge como diputado ante la Asamblea Nacional, Edwin Castro, aseveró que el establecimiento de ese Consejo Presidencial «significa apoyar la paz, valor indestructible en el país, un oasis de tranquilidad en la región», sostuvo el diputado, tratando de obviar que el país vive bajo estado policial.
Según Castro, que lleva casi 30 años viviendo del erario público como legislador, «con esta nueva estructura (Consejo), el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje claro de que el país no cederá terreno ante amenazas externas».

Por su parte, el también diputado sandinista y otrora ardiente defensor de derechos humanos Carlos Emilio López, en defensa del Consejo Presidencial contra el crimen organizado, señaló que estará dedicado a contrarrestar delitos de crimen organizado y otros delitos conexos y «reafirma el compromiso del gobierno de Nicaragua en enfrentar de manera frontal todas las formas de transgresiones».
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López, insistió en que, con la nueva instancia creada, Nicaragua fortalecerá el “muro de contención” efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El régimen de Ortega y Murillo se jactan de lo que llaman «muro de contención» contra el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, recientemente se han detectado en puertos de Rusia e Italia grandes cargamentos de droga que han sido embarcados en Nicaragua y «no han sido detectados».
No obstante, los diputados sandinistas justificaron el nuevo Consejo Presidencial afirmando que se dedicará a la prevención, enfrentamiento y judicialización de delitos graves como el «narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva».