Este 27 de mayo se cumplió un año de la acusación por supuesto «lavado de dinero» hecha pública por la Policía orteguista contra la Iglesia católica de Nicaragua y, hasta la fecha, los «investigadores» que prometieron informar sobre el resultado de las indagaciones no han dicho nada más, sin embargo, siguen manteniendo congeladas las cuentas de la institución religiosa y el dinero ocupado «se lo robaron», dice analista.
Mediante un comunicado oficial, el 27 de mayo del año pasado, la Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo informó que, tras una supuesta denuncia, que no especifica de quién, procedieron a investigar y encontraron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas en diócesis del país». El comunicado es tan superficial y opaco pues no da mayores detalles. No especifica cantidad de dinero encontrado ni en qué diócesis.
La acusación policial, de hecho da por culpable a la institución religiosa, pues asegura que, dentro de la Iglesia existe una «red delictiva de lavado de dinero», sin establecer siquiera la presunción de inocencia, como manda la Ley, y afirma además que, en la supuesta investigación que desarrollaban en aquel momento participaban, además del aparato policial, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras(SIBOIF).
¿Y los resultados?
Ha transcurrido un año completo y las instituciones involucradas en la supuesta investigación, no han informado sobre los resultados.
La Policía orteguista, que se jacta de ser preparada para combatir «el crimen organizado» por el centro de entrenamiento policial ruso instalado en Managua, no ha logrado concluir con las investigaciones o simplemente no encontraron ningún ilícito y por ello han optado por quedarse callados, exponen analistas consultados por Artículo 66.
La abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de anticorrupción e investigadora que ha dado seguimiento a la represión contra la Iglesia, indicó que, de acuerdo con la información que ella maneja, la dictadura Ortega-Murillo mantiene congeladas las cuentas de la institución religiosa y hasta ahora no informan sobre el estado de las investigaciones por el supuesto lavado de dinero.
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«No ha habido información de la investigación ilegal que está realizando la Policía sandinista. Se robaron el dinero como lo están haciendo con las propiedades de los opositores», sostiene la abogada.
Por su parte, el politólogo y exreo político, Félix Maradiaga sostiene que, en la supuesta investigación contra la Iglesia católica, para la dictadura «las formalidades y los procedimientos legales no son más que un teatro desechable en su implacable escenario de represión».
El politólogo recuerda que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha manipulado el sistema jurídico nicaragüense como un arma política a su conveniencia. Y en ese sentido, las acusaciones que en su momento inició contra miembros de la Iglesia católica «jamás tuvieron fundamento con base en derecho».
Según Maradiaga, para la dictadura lo importante es lograr su objetivo en las escaladas represivas, «no importa si es por la fuerza bruta o instrumentalizando la ley, para ellos (los dictadores) eso es secundario».
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El analista considera que el régimen cree que, al haber desterrado a Monseñor Rolando Álvarez, a Monseñor Silvio Báez y a los sacerdotes que les resultaban incómodos, logró imponer por la fuerza el silencio de la Conferencia Episcopal.
«Eso no quiere decir que no hay posibilidades de que algunas de esas acciones arbitrarias que se iniciaron en varios juzgados de Nicaragua no continúen. Todo lo contrario. El tema de fondo es que el régimen mantendrá esas acusaciones en curso como una especie de espada de Damocles que podrá usar antojadizamente en cualquier momento», sostiene Maradiaga.
Dictadura busca mantener atemorizada y controlada a la Iglesia
Asimismo, el dirigente opositor en el destierro opina que, el segundo gran propósito represivo de la dictadura ha sido el de «controlar cualquier ingreso» que tenga la iglesia y sus organizaciones vinculadas, como universidades, colegios y las ONG ya canceladas.
Otro aspecto que, según el exreo político, podría influir en el silencio que mantiene la dictadura respecto de las acusaciones de supuesto lavado de dinero contra la institución católica es que ya haya hecho sus propios cálculos y notó que la continuidad de esos procesos mantiene viva la noticia internacional de la persecución religiosa en Nicaragua, y como consecuencia, les genera sanciones y otros señalamientos de la comunidad internacional.
La dictadura está apostando a que la opinión pública internacional, «pase la página» sobre este capítulo de represión y persecución contra la Iglesia.
«Es por esta razón que considero fundamental, aunque los juicios probablemente no tengan una continuidad formal, seguir denunciando y alertando sobre esta persecución religiosa y las absurdas acusaciones de lavado de dinero», advirtió el líder opositor desterrado por la dictadura.
