La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su Policía represiva, le imputóbel delito de lavado de dinero a varias diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, al tiempo que oficializó el congelamiento de las cuentas de la institución religiosa.
En un comunicado de la Policía orteguista con fecha de 27 de mayo, el régimen asegura que, tras una supuesta denuncia, que no especifica de quién, procedieron a investigar y encontraron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas en diócesis del país». El comunicado es superficial y opaco pues no da mayores detalles.
El documento divulgado por la institución de la dictadura indica que en la supuesta investigación que desarrollan participan instituciones como la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos (SIB), esta última solicitó al máximo representante de la Iglesia en el país, cardenal Leopoldo Brenes, los documentos que soporten los movimiento de cuentas bancarias de la institución católica.
Según la nota policial, la entidad recibió una información el 19 de mayo sobre la «actividad ilícita» en el manejo de recursos que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria, posiblemente en referencia al obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, condenado por la dictadura a más de 26 años de cárcel por el supuesto delito de traición a la patria.
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Aseguran que «diócesis», sin especificar cuáles, estarían involucradas en el retiro de dinero de cuentas ya congeladas, y ahí una de las inconsistencias del comunicado, ya que ninguna institución bancaria libraría dinero de cuentas congelados en virtud de sentencia judicial.
«El resultado de la investigación confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley, congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos», dice la Policía orteguista.
La institución represora ni siquiera otorga la presunción de inocencia. Afirma que, junto a la Fiscalía General de la República, la SIB y la UAF «han confirmado movimientos delictivos con fondos para las diócesis».
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Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez, a quien recientemente la dictadura le anuló su título de jurista, expresó que no se puede condenar a una organización y decir que investigan, como lo está haciendo la dictadura.
«¿A qué se debe tanta saña?», interrogó la defensora, y analiza que el régimen bloqueó las cuentas bancarias de la Iglesia toda para provocar que las parroquias caigan en insolvencia y cierren. «No es lícito arremeter contra la libertad de culto», señaló la abogada.
Asimismo, hizo el llamado a los que dieron la orden para atacar a la Iglesia, a que «recapaciten y dejen de cometer abusos en contra de inocentes».
Los verdaderos corruptos y lavadores de dinero del narcotráfico, de cargamentos de oro, etc Toda Nicaragua lo sabe.