Los diputados de la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura Ortega-Murillo aprobaron este jueves, 23 de mayo, por unanimidad, la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la ley número 501, «Ley de Carrera Judicial» y a la Ley 260, «Ley Orgánica del Poder Judicial», con la que le quitan a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia la doble pensión que se recetaban y un fondo de retiro que estaba establecido para los jueces y magistrados.
La iniciativa de Ley, que fue enviada al Legislativo por el dictador Daniel Ortega el pasado 21 de mayo, fue dictaminada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional en menos de 24 horas y fue aprobada en el plenario sin mayores discusiones, con el voto de los 91 diputados entre sandinistas y colaboradores del régimen
La reforma, según analistas, constituye el más reciente disparo de los Ortega-Murillo contra el Poder Judicial al que mantienen bajo permanente ataque para despojarlo de facultades y poder económico, lo que incluye someterlo cada vez más a los caprichos de los dictadores.
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Según el texto de la reforma, el objetivo es «garantizar la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial, y regular la carrera judicial establecida en la Constitución Política de la República de Nicaragua, para la pronta y correcta administración de Justicia».
Las modificaciones a las normativas anulan la doble pensión que se asignaron mediante esa leyes los magistrados, jueces y otros funcionarios de ese poder del Estado. También eliminan un fondo de retiro «extra» que recetaban los funcionarios judiciales.
Asimismo, oficializan el Instituto de Capacitación y Documentación Judicial, institución que se encarga de «formar a los operadores del sistema de Justicia como jueces, magistrados y defensores públicos».
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El diputado de la dictadura, Carlos Emilio López, al justificar la pasada de cuenta a las pensiones dobles y fondo de retiro de los magistrados y jueces, dijo que, la ley reformada establecía «algunas disposiciones de seguridad social, materia que no es competencia del Poder Judicial».
En ese sentido los legisladores sandinistas sostuvieron que han legitimado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) «como el único ente del país encargado de la seguridad social y las jubilaciones».
«¡Ojo, Ejército y Policía!», advierten opositores
Activistas opositores creen que esa reforma es «un asalto a la CSJ» porque incluso, el fondo de retiro que proviene de recaudaciones por servicios en ese poder del Estado lo elimina.
Otra advertencia que hace los opositores consultados es que, dado que para anular la doble pensión por jubilación y el fondo de retiro de los funcionarios judiciales, los diputados sandinistas argumentaron que de acuerdo con la Constitución de la República «todos somos iguales ante la Ley» y dado que en Nicaragua «la única institución con funciones de seguro social y pensiones es el INSS», eso podría poner en el ojo de los dictadores las pensiones de los militares y policías.
Tanto el Ejército como la Policía tienen sus propios institutos de pensiones para garantizar los pagos de retiros de sus oficiales. Asumiendo que los diputados han dicho que solo el INSS tiene esas facultades para todos los nicaragüenses, los militares y policías quedan al borde del precipicio y a merced de una decisión «tempranera» de los dictadores, advirtieron.
En este momento, el Ejército de Nicaragua maneja su fondo de retiro para todos los militares a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), y la Policía lo administra a través del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU). Si la dictadura de Ortega y Murillo han desmantelado el fondo de retiro del Sistema Judicial bajo el argumento de que solo el INSS tiene facultades constitucionales para administrar pensiones y jubilaciones, queda la duda de en qué momento le caerán también al dinero de las fuerzas armadas del país que operan bajo sumisión a la pareja gobernante, pero se sospecha de tensiones internas por poder y protección política.