Los diputados de la Asamblea Nacional, subordinados a la dictadura Ortega-Murillo, reformaron este jueves, en primera legislatura, el artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua, que le asignaba el 4% del Presupuesto General de la República (PGR) a la Corte Suprema de Justicia, y de esta manera el dictador deja a ese Poder del Estado a merced de su voluntad para asignar su presupuesto.
Con una iniciativa introducida de última hora por diputados orteguistas, sin mayores debates ni explicaciones, los diputados orteguistas y sus colaboradores «zancudos» aprobaron con 91 votos favorables, es decir, de forma unánime, la reforma a la Carta Magna, que deja al Poder Judicial sin presupuesto constitucional.
Dicha reforma, por cambiar un artículo de rango constitucional, deberá ser ratificada por los mismos legisladores orteguistas en segunda legislatura, es decir, el próximo año par que entre en vigencia.
Los diputados de la dictadura justificaron el cambio constitucional argumentando que buscan «homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria».
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Para el abogado en el exilio Yader Morazán, el dictador Daniel Ortega ha dado el paso final para supeditar absolutamente la administración de justicia en el país, ya no solo controlando a los magistrados y jueces como lo hace hasta ahora, sino que también controlando el presupuesto que se le debe asignar a la CSJ que dependerá de la voluntad del jefe del Ejecutivo.
Morazán considera que uno de los objetivos del dictador es disminuir al mínimo el presupuesto de la Corte y convertirla, de facto, en un «Ministerio de Justicia».
Asimismo, opinó que, si bien la CSJ ya no tenía independencia, pues responde a las órdenes directas de los dictadores Ortega y Murillo, ahora controlando a voluntad el presupuesto que se les asigne, también incidirá hasta en el funcionamiento total de todo el sistema.
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El abogado recordó que la CSJ administró el 4% del PGR desde los años 90, como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de la independencia de la justicia, que impulsaron los gobiernos anteriores a Ortega,
En ese proceso, señaló Morazán, fueron construidas 50 edificaciones para la administración de justicia, de las cuales 28 son complejos judiciales. «Se invirtió millones de dólares para el proceso de modernización y en la tramitación de las causas penales, misma que sí funciona cuando no está permeada por la corrupción individual», destacó el jurista.
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Advirtió que la acción de la dictadura va a tener consecuencias negativas para la población que hace uso de los servicios en el Poder Judicial «porque va a haber un servicio más ineficiente del que ya se venía prestando».
En 2023, el 4% del PGR para el Poder Judicial representó 154.21 millones de dólares, equivalentes a 4210 millones 520 mil córdobas, y par el 2024 ese porcentaje equivale a 196,03 millones de dólares, los que ya no recibirá porque ahora será Ortega el que decidirá cuánto dinero se le asignará a ese poder del estado.
Los dictadores Ortega y Murillo han desatado una persecución sin precedentes en la CSJ, supuestamente para que la vicedictadora asuma el control total de esa institución, en un proceso de traspaso del poder que le está haciendo su marido. En ese proceso ya han hecho rodar la cobeza de al menos 4 magistrados, incluyendo dos leales Ortega y centenares de funcionarios a nivel nacional.
