Un ciclo maligno que parece repetirse en Nicaragua, de la mano del sandinismo: el 26 julio de 1979, pocos días después de haber derrocado al dictador de entonces, Anastasio Somoza, el primer régimen sandinista, representado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), en la que estaba Daniel Ortega, confiscó la banca nacional, acusándola de provocar un «desorden» en el sistema financiero y de complicidad con Somoza.
Casi 45 años después, el mismo Ortega, amenaza a los bancos con «sanciones» por supuesta «complicidad» con los opositores confiscados a los que tildó de «delincuentes» y «estafadores». Analistas consultados por Artículo 66 han advertido de la gravedad de las acusaciones del dictador y las funestas consecuencias que tendrán tales amenazas sobre el sistema financiero.
¿Se atreverá Ortega a intervenir algún banco o, en el más extremo de los casos, a intervenir la banca privada nacional? Analistas creen que no, porque ese sí sería un «tiro en el pie» de la dictadura, pero ahora depende del dictador no provocar una estampida de los cuentahabientes que, por temor, vayan a empezar a retirar su dinero de las instituciones bancarias.
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El pasado 18 de mayo, en el acto del 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, el tirano, con abierto cinismo reconoció las confiscaciones de propiedades a nicaragüenses opositores, organizaciones de la sociedad civil y empresarios y dijo que se trataba de «restituciones» a favor del pueblo e incautaciones a delincuentes.
Acto seguido, Ortega dijo que algunos bancos han «brincado» por las confiscaciones, advirtió que han iniciado investigaciones contra estas instituciones bancarias y amenazó con «sanciones» a los que resulten «culpables».
Tales acusaciones, según apuntó el economista Juan Sebastián Chamorro, son tan graves como irresponsables, porque las instituciones bancarias, para tener éxito en sus operaciones, dependen de la confianza de los cuentahabientes y ahorrantes y las amenazas de Ortega siembran incertidumbre.
Más aún, según Chamorro, cuando la población sabe que Ortega puede cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana para arremeter contra los bancos.
El economista cree que el dictador no se atrevería, en las actuales circunstancias, a intervenir el sistema bancario nacional, sin embargo, advierte que las amenazas y cualquier otra acción que tome Ortega contra las entidades bancarias van a tener graves consecuencias en el sistema financiero nacional en general y en la inversiones privadas, que de por sí ya están seriamente afectadas.
En tanto un economista que por razones de seguridad pidió se omitiera su identidad, advierte que la amenazas de Ortega de «sancionar» a algunos bancos y ni siquiera dijo a cuáles, es irresponsable en tanto estarían provocando temor en los ahorrantes.
«Imaginate, la gente conoce a Ortega, sabe el tipo de dictador que es. Hay gente que no olvida la nacionalización de la banca en 1979 y la operación Bertha en 1988, con la que le arrebataron su dinero. Ahora (el tirano) sale con una acusación de complicidad en una supuesta estafa y la amenaza de sancionar a los bancos. ¿Qué puede creer la gente? Puede entrar en pánico y va a sacar su dinerito de los bancos. Ortega es un irresponsable», señaló el economista.
Recuerdo funesto
El 26 de julio de 1979, tan solo 7 días después de haber tomado el poder por las armas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), representado por Daniel Ortega en la JGRN, emitió el «Decreto Ejecutivo Número 25: Nacionalización del Sistema Financiero Privado».
Dicho Decreto, en su artículo uno, ordena: «Quedan nacionalizadas las instituciones privadas del sistema financiero mediante la adquisición por el Estado de la totalidad de las acciones de cada una de las respectivas sociedades anónimas, bajo cuya forma funcionan las instituciones que lo integran».
De esa manera, la primera dictadura sandinista eliminó de tajo la banca privada y la justificación fue que los banqueros habían provocado desorden en el sistema financiero y eran «cómplices» del dictador derrocado Anatasio Somoza. «El parecido no puede ser simple coincidencia», dice el analista consultado.
En 1988, exactamente el 14 de febrero de ese año, cuando se debía celebrar el día del amor y la amistad, el Gobierno del ya en ese momento presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió el Decreto No. 306, Ley de Conversión Monetaria, conocida en la historia como «Operación Bertha», con la que establecieron que, a partir del día 15 de ese mes, cada mil córdobas se convertían en «un córdoba».
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No hubo celebración sino llantos de los nicaragüenses que de la noche a la mañana vieron arrasados sus ahorros y posesiones, al haberlas devaluado al mínimo.
Otra acción de la dictadura que le da mala espina a los analistas es que, en marzo del año pasado, a través del Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior, los Ortega-Murillo cancelaron la personería jurídica de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP).
Esa asociación, que había sido fundada en 1994, reunía al Banco de la Producción (Banpro), Banco de América Central (BAC), Banco Ficohsa Nicaragua (FICOHSA), Banco de Finanzas (BDF), Banco Lafise Bancentro y Banco Avanz.
La justificación esgrimida por el régimen de Managua fue que, supuestamente la organización no había reportado en tiempo y forma sus estados financieros en el período de 2020 a 2021, y por tener su junta directiva vencida desde abril de 2020.
Bancos están desprotegidos ante el dictador
Para el abogado y dirigente opositor en el exilio Juan Diego Barberena, los bancos en realidad pueden hacer muy poco por ayudar a los opositores confiscados, por tanto considera que la acusación de Ortega no tiene asidero, pues las instituciones financieras no podrían ayudar a personas que el mismo dictador ha desaparecido como personas jurídicas al desnacionalizarlos y eliminar sus registros nacionales.
Según el abogado, Ortega pretende «infundir miedo en los bancos nicaragüenses» para impedirles que otorguen créditos o tener relaciones de tipo bancarias con algunas personas o empresas que el régimen percibe como opositores.
«No hay ninguna forma en que un banco pueda contribuir a proteger a la persona afectada por la confiscación, por una sencilla razón, en todo caso, el banco otorga créditos hipotecarios para que estas personas puedan adquirir sus bienes inmuebles, crédito hipotecario, que por demás, ya está. Digamos es un tipo de crédito irrecuperable porque la persona no existe legalmente (por la desnacionalización) y al no existir legalmente esta persona, su personalidad jurídica también se ha extinguido», explicó el jurista.
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En ese sentido, explicó que los bancos «no le pueden competir a la dictadura en cuanto al cumplimiento de una obligación, en este caso, podría ser hipotecaria. Entonces no hay ninguna forma de que los bancos puedan contribuir a proteger a las personas afectadas de las complicaciones».
El politólogo Felix Maradiaga explicó a Artículo 66 que, la arremetida de Ortega contra la banca nacional se da porque, al pretender arrasar con todas las propiedade de los opositores desnacionalizados, desterrados o que ya estaban en el exilio, se encontró con la traba de que muchas de esas propiedades estaban prendadas o hipotecadas por bancos, y lo vio como una traba pues, en términos legales, esas propiedades están a nombre de los bancos.
Por eso el dictador ahora acusa a los bancos de ser supuestos «cómplices» de los opositores confiscados, a los que llama «delincuentes», y por añadidura, el tirano también estaría acusando a la banca nacional de estafadora y delincuente.
Para Barberena, la banca nacional no está enfrentando acusaciones jurídico-legales de parte de la dictadura, sino señalamientos políticos, que en todo caso, viniendo del dictador Ortega, es peor.
Estará por verse si Ortega se atreve a intervenir un banco o «nacionalizar» la banca privada. Las empresas de la familia Ortega-Murillo mueven su dinero a través del sistema bancario nicaragüense y una acción mal calculada podría provocar una estampida de cuentahabiente, algo que no le conviene a la familia en el poder.
