El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo unificó «un frente» con la Federación de Rusia al firmar una declaración conjunta «sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales» impuestas a Nicaragua por otros Estados.
En la ceremonia, realizada este lunes, 22 de abril, en Moscú, el canciller ruso Serguey Lavrov y Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y representante especial del presidente para los Asuntos con Rusia, realizaron la firma del documento, una ocupación que, en el caso de Nicaragua, debería desempeñar el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres.
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Lavrov y Ortega Murillo intercambiaron «fraternos saludos» de los dictadores de sus respectivos países y también «reafirmaron los apoyos mutuos en todos los ámbitos, así como el carácter de asociación estratégica entre Nicaragua y Rusia».
Una de las directrices que el régimen orteguista y la dictadura de Putin estipularon para «contrarrestar, mitigar y reparar los impactos adversos» de las sanciones fue que «no deben reconocerse ni aplicar medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, aplicadas por un tercer Estado, grupo o asociación de Estados ni violaciones de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional».
«Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de adoptar, promulgar y aplicar medidas coercitivas unilaterales que impidan el pleno logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo», detalla el documento, difundido por los medios de comunicación oficialistas.
Luego del «contundente, claro y directo» pronunciamiento del Grupo de los Siete (G7), donde se reúnen siete de las economías democráticas más grandes del mundo, opositores nicaragüenses consideran que la comunidad internacional, ahora debe poner la mira sobre las acciones de la Policía y el Ejército de Nicaragua, los cuerpos armados que sostienen a la dictadura con la represión y las violaciones a los derechos humanos que mencionan en el comunicado, opinan opositores consultados por Artículo 66.
El exdiputado y economista en el exilio Enrique Sáenz, a través de su cuenta personal de X, opinó que merece atención el hecho que, el G7, donde convergen Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón, se ocupara «por primera vez» de los desmanes perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sáenz destaca que el pronunciamiento del G7 es «un mensaje claro y directo», que señala «las graves crisis internacionales» a las que se les debe poner atención, y particularmente a la crisis de Nicaragua.
La dirigente opositora, también en el exilio, Alexa Zamora calificó el comunicado del G7 como de «alto nivel de relevancia» tomando en cuenta que es un foro de alto nivel, donde se discuten asuntos económicos, políticos y de derecho humano del mundo.
Zamora destaca la importancia que las siete economías democráticas más importantes del mundo, junto con la Unión Europea, mencionen con claridad «la brutal represión y la violación a derechos humanos que se vive en Nicaragua».
El régimen de Nicaragua otorgó una concesión por 25 años a una empresa china para explorar y explotar minerales en la costa del Caribe, según una resolución publicada en La Gaceta.
En el Día Mundial de la Tierra, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la empresa china Nicaragua XinXin Linze Minería Group, S. A., una concesión minera por más de 36,610.10 hectáreas ubicadas en los municipios de Siuna y Mulukukú, en la Costa Caribe Norte.
La empresa minera, representada por Edward Xiang Liu, deberá «iniciar actividades de exploración en cualquier parte del lote minero, en un plazo no mayor de cuatro años contados a partir del otorgamiento de la presente concesión, prorrogables por un año más», detalla la resolución.
Según el MEM, el titular de la concesión tendrá «el derecho de exclusividad para la exploración, explotación, lotación y establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales consideradas en la Ley y encontradas dentro de la circunscripción de la misma».
Panamá llamó este lunes a consultas a su embajador en Nicaragua para manifestar su malestar por las continuas intervenciones en la contienda electoral panameña del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada nicaragüense.
«La República de Panamá tiene a bien informar a la República de Nicaragua su decisión de llamar a consultas al Embajador panameño» en Managua, José de Jesús Martínez, dice una nota de la cancillería panameña.
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Panamá «se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional», agrega la nota.
Martinelli está asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, después de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión tras ser condenado a casi once años por blanqueo de capitales.