Amnistía «preocupada» por reforma de Bukele a la constitución de El Salvador

Amnistía Internacional expresó este viernes su «preocupación» por una reforma a la Constitución aprobada esta semana en El Salvador, afirmando que puede tener un «impacto negativo» en el respeto a los derechos humanos.

El 29 de abril, el Congreso dominado por aliados del reelegido presidente Nayib Bukele aprobó una polémica reforma al artículo 248 de la Constitución que permite hacer cambios expeditos a la carta magna.

La reforma «suscita preocupación por el impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos», consignó Amnistía en un comunicado.

«Este nuevo método de reforma constitucional, que se pretende aplicar, tiende a reducir drásticamente el espacio para el debate, la reflexión y a limitar la participación de las personas en los asuntos de interés público», agregó la organización humanitaria.

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Con la reforma, una misma legislatura ahora podrá ratificar los cambios a la carta magna «con el voto de tres cuartas partes» de los 60 diputados en el Congreso unicameral, en el que el partido de Bukele tiene 54 escaños.

La Constitución, vigente desde 1983, establecía que una reforma debía ser aprobada con «la mitad más uno» de los diputados y luego «ratificada» por la siguiente legislatura con «dos tercios» de los votos.

El presidente del Congreso, el oficialista Ernesto Castro, defendió la reforma al afirmar que «no se tocó ni se reformó el inciso del artículo 248 referido a la forma y sistema de gobierno».

«Nosotros venimos aquí, porque es la demanda del pueblo salvadoreño, a cambiar las cosas, a refundar este país y eso es lo que se necesita y eso es lo que vamos a hacer», agregó.

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Amnistía destacó que en los últimos tres años «la súper mayoría» del oficialismo en el Congreso «ha sido una pieza clave» que posibilitó «la erosión de la independencia judicial, el debilitamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas».

La organización también cuestionó la falta de «garantías del debido proceso» en virtud de un régimen de excepción vigente desde hace 25 meses para combatir a las pandillas, que permite arrestos sin orden judicial.