La vicedictadora y portavoz de la dictadura orteguista, Rosario Murillo, presentó una extensa y detallada lista sobre los «infundios y destrozos» que causaron los manifestantes opositores durante las protestas cívicas del 2018. De acuerdo con los datos presentados por la primera dama, el costo total de las pérdidas que afectó a la economía nacional es de 22,362.7 millones de dólares.
Tras insultar y brindar su conocido discurso de odio contra sus críticos en los medios de comunicación oficialistas, Murillo dio lectura a un informe realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde recopila «lo que destruyeron en esos días, semanas y meses oscuros los golpistas sanguinarios».
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La vicedictadora señaló que «los tranques de la muerte» causaron «violaciones al derecho de la libre circulación», el fallecimiento de 198 simpatizantes sandinistas, de los cuales 22 eran miembros de la Policía Nacional y 1,240 heridos con armas de fuego. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno orteguista sigue sin reconocer el asesinato de más de 350 nicaragüenses, cifra que ha sido verificada por organismos internacionales de derechos humanos.
En cuanto a perdidas materiales, Murillo mencionó que las «acciones terroristas» de la oposición destruyeron el patrimonio de 18 instituciones gubernamentales, tres universidades y alcaldías municipales.
Murillo denunció que los daños directos por las manifestaciones autoconvocadas ascendieron a 206,5 millones de dólares, de los cuales 174,2 millones se concentraron «en la destrucción parcial o total de edificios y otras infraestructuras».
Protestas «afectaron» la economía
La esposa de Daniel Ortega indicó que el «secuestro del país provocó la destrucción de 140,995 empleos formarles adscritos al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)». De igual manera, la vicedictadora señaló que hubo una reducción en los ingresos de esa entidad por «110,1 millones de dólares», lo que puso en riesgo el «pago puntual» a 281,567 asegurados, con una pensión mensual promedio, en ese momento, de 9,574 córdobas, pasando por alto el hecho de que las primeras protestas fueron contra reformas implementadas al seguro social.
La vocera gubernamental expuso que «1,340 millones de dólares se perdieron del flujo de inversión extranjera directa, lo que tuvo y tiene implicaciones todavía que arrastramos en la generación de empleo y las exportaciones».
«También se redujeron en 30%, o más, las inversiones en los sectores productivos y hubo pérdidas de 640 millones de dólares en concepto de ingresos por turismo. Las actividades económicas que más resintieron el brutal acto del golpismo fueron hoteles, restaurantes, la construcción comercio, créditos y ahorros, transporte y comunicación», informó Murillo.
Además, la vicepresidenta apuntó que «como resultado de los ligamentos, presiones y manipulaciones del golpismo y terrorismo en 2018, el sistema financiero perdió depósitos de familias pequeñas, medianas empresas y agentes económicos por 1,512 millones de dólares», así como «una reducción del crédito por 762,3 millones».
El Banco Central de Nicaragua (BCN) también reportó una «merma» en la reserva internacional por más de 500 millones de dólares. Según Murillo, esto representó «un golpe duro a la estabilidad macroeconómica del país y sobre todas las familias que hicieron paralizar la ruta de crecimiento progreso y transformación, en medio de la década de mejor desempeño económico de nuestra historia».
Además, Murillo destacó que los más de 22 millones de dólares perdidos en la economía nacional es equivalente a los daños monetarios que dejarían 28 huracanes ETA o IOTA, ó 11 pandemias o tres huracanes Mitch. La vicepresidenta afirma que estos daños «solo pueden compararse» con el terremoto de Managua, ocurrido 1972.
El «malvado» Estados Unidos
Desde que la crisis sociopolítica estalló hace seis años, la dictadura emprendió una represión feroz contra los ciudadanos, lo que motivó que países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusiera una serie de sanciones contra la pareja dictatorial y sus altos funcionarios.
Murillo, durante su alocución, calificó esa sanciones como «campañas agresivas que también eran un concierto de malvados». Según se quejó, las acciones de la comunidad internacional «impidieron el acceso a Nicaragua del financiamiento entre el 2018 y el 2021, que afectó la firma de 26 proyectos por 1,418 millones de dólares, equivalente a 1,4 veces el programa de inversión pública del 2023», lamentó Murillo.
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La primera dama aseguró, sin embargo, que del 2020 al 2023 el país alcanzó un crecimiento económico de más del 18,7%, y se mostró optimista por el dinamismo económico que ha recuperado el país.
Murillo indicó que «la mayoría de las pérdidas se han superado y los daños ocasionados por ese criminal intento fallido de golpe de Estado va superándose. Imagínense, si no hubiesen provocado tanto daño cómo estaríamos de mejor» y afirmó que los únicos culpables del retroceso económico son los opositores, ignorando totalmente que ha sido su régimen el causante de la violencia que ha desatado más rebelión cívica a lo largo de estos seis años.
