En julio de 2022, las autoridades de Costa Rica emitieron un documento que reconocía el cambio de género para una mujer nicaragüense. Su nuevo nombre es Karelia de la Vega, una activista transgénero que en redes sociales se dio a conocer como «Lady la Vulgaraza», por sus ocurrentes retahílas y fuerte lenguaje contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En ese entonces, de la Vega se encontraba realizando las gestiones para su refugio en el país vecino, debido a que en Nicaragua era una perseguida política del régimen nicaragüense. Antes de exiliarse, la activista fue encarcelada por ser una crítica del gobierno. Además, las autoridades tampoco respetaron sus pronombres femeninos y muchos menos reconocieron su género.
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«Cómo me gustaría que en mi país ya hubiese una Ley de Identidad de Género», expresó la opositora en ese momento. El lamento de la activista tiene su sustento en que, hasta la fecha, Nicaragua no se encuentra entre la lista de los 13 países de América Latina que ya han aprobado ese tipo de beneficio para la comunidad de diversidad sexual.
Las mujeres transgénero que viven en Nicaragua deben luchar día a día con el desafío legal de ser desconocidas, enfrentarse a la discriminación en una población mayormente conservadora y religiosa, además de la pasividad reprochable de las autoridades actuales, que solo aprueban leyes si se benefician de ellas. Su realidad es tan cruda que, incluso, conseguir un empleo es una «tarea difícil», por más capacitadas que se encuentren.
Una integrante de la comunidad transgénero critica que la dictadura sandinista «dice tomar en cuenta a mayorías y minorías, pero eso no se ve. Permite las agresiones de odio y la discriminación a la diversidad sexual».
«Hay una clara manipulación porque (el gobierno) se profesa defensor de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+. Habla de avances en materia de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero no se ven esas acciones», agrega.
Gobierno «en deuda»
Cuando Daniel Ortega regresó al poder, en 2008, su régimen apoyó una reforma al Codigo Penal que despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo género, las cuales, desde 1974, era considerado, según el artículo 204, como delito de sodomía. El antiguo articulado castigaba con cárcel las relaciones homosexuales.
Aunque para muchos fue un gran logro en medio de las demandas de la comunidad LGBTIQ+, terminó siendo solo un pequeño «haz de esperanza» que hoy parece «estancado». Las necesidades del colectivo ahora lucen olvidadas por los políticos del país.
Aunque en Nicaragua existe la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley 648), que busca promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres, el articulado deja por fuera a las mujeres transgénero y tampoco reconoce a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
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Las autoridades del país no contemplan alguna intención para legalizar la unión de familias homoparentales, a pesar del llamado constante por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), un organismo internacional del que el país es signatario.
De igual manera, el régimen de Nicaragua tiene pendientes legislaciones a favor de la comunidad, especialmente a las personas transgénero a quienes no reconoce legalmente el cambio de género. En Nicaragua, como en varios países, no existe aún una Ley de Identidad de Género, una exigencia hecha por organizaciones como el organismo internacional Raza e Igualdad.
Persecución y cárcel a mujeres trans
Desde 2018, año de las protestas sociales que demandaron el fin del régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, muchas mujeres transgénero como Karelia de la Vega, fueron víctimas de asedio, represión y violación a sus derechos humanos por parte de la Policía, que obedeció ciegamente las órdenes del matrimonio en el poder.
Sus agresiones, como las de decenas de ciudadanos que se manifestaron durante ese año, fueron documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los informes del organismo se incluyeron las muertes de 355 ciudadanos que, años después, son consideradas producto de crímenes de lesa humanidad, según el grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas, ONU, cuyos hallazgos se actualizaron la semana pasada.
Aunque de la Vega no fue a prisión como otras mujeres transgénero, las amenazas en contra de su persona no cesaron y la discriminación por su orientación sexual y activismo incrementó de parte de paramilitares del régimen orteguista.
Después de aplastar las manifestaciones ciudadanas con armas de grueso calibre y escuadrones de muerte, el régimen de Ortega se encargó de aniquilar los «avances» en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua. El gobierno prohibió el permiso para conmemorar el Día del Orgullo Gay, ordenaron secuestros, cárcel y juicios espurios a mujeres transgénero reconocidas por su activismo político y social.
Victoria Obando, Kisha López y Carolina Gutiérrez, todas mujeres transgénero, fueron sacadas de sus casas por policías y civiles armados y obligadas a pasar diez meses en prisión por razones políticas en la cárcel de varones conocida como «La Modelo», en Tipitapa. Cada una de ellas sufrió el acoso de carceleros y la discriminación por su sexualidad. Las desnudaron, las manosearon, las amenazaron con violarlas y se negaron a reconocer su identidad de género.
Bajo anonimato, una de ellas dijo, para este reporte, que lo vivido dentro de un penal para hombres demuestra la denigrante situación de las mujeres transgénero en Nicaragua y el abandono del Estado que se dice defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
«Sentís que tu vida corre peligro todo el tiempo. Pero eso no solo ocurre si estás en una cárcel política, en el país el miedo es todo el tiempo, porque la amenaza está en todos lados», explicó.
Un país sin oportunidades para mujeres trans
La persecución política en contra de de la Vega y otras mujeres transgénero en Nicaragua no solo ha socavado las condiciones de vida de cada una de ellas, sino que también ha frustrado el sueño de prepararse profesionalmente. A Carolina, una mujer trans originaria de Managua, el régimen le arrebató la ilusión de ejercer la profesión que estudió.
Ella se graduó en Derecho en una de las universidades que, después de 2018, el régimen confiscó. Como fue vista en las manifestaciones, nunca le fue permitido terminar los trámites para ejercer como abogada. «El gobierno de Nicaragua me arrebató el derecho a ejercer mi profesión, me criminalizaron, me llamaron terrorista y acabaron con muchos años de sacrificio para terminar la universidad», contó.
Sin opción de un trabajo en la formalidad y para sobrevivir, Carolina se vio obligada a la venta de ropa, cosméticos y accesorios para damas. «No hay oportunidades laborales. Tengo 34 años y ni una sola cotización a mi Seguridad Social, lo que también me limita la asistencia médica y otras aspiraciones como créditos para negocio y vivienda. Nos han quitado todo», se queja.
«Existe la idea de que debemos trabajar en ventas de comidas, belleza o trabajos sexuales. Otros creen que las mujeres transgénero somos ladrones, puñaleras o drogadictas. Merecemos respeto, queremos respeto y demandamos oportunidades», declara.
Nicaragua les niega todo
En la región latinoamericana no existen estadísticas que muestren el panorama verdadero que viven las mujeres transgénero para intentar acceder al mercado laboral. No obstante, el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH reveló que apenas el 10% de las personas transgénero, en el mejor de los casos, tiene acceso a un empleo y esto ocurre en Argentina.
En el caso de El Salvador, un país cercano a Nicaragua, sólo un 5% de las mujeres trans han podido acceder al mercado laboral. Para la CIDH, la educación es también un factor limitante en la búsqueda de empleos formales, pues se dice que solo el 25% de las personas transgénero pueden concluir sus estudios de bachillerato.
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Por ahora, la mayoría de las personas transgénero en Nicaragua continúan en la lucha por sobrevivir, condenadas al trabajo informal y esperando a que el régimen retome la demanda de una ley que reconozca su derecho a una identidad de género. «La deuda está ahí y hay que pagarla», exige Carolina.