Pese a las pruebas que en Nicaragua se han conocido sobre el involucramiento del Ejército en la represión y violaciones a los derechos humanos, principalmente a partir de 2018, dicha institución castrense no aparece en el más reciente informe del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) y eso se debe a que los investigadores siguen recabando pruebas para demostrarlo.
El GHREN presentó este 29 de febrero, su segundo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país a partir del 2018 y sus conclusiones son demoledoras para el régimen, al definir que, efectivamente, Daniel Ortega, Rosario Murillo y varios de sus funcionarios deben ser investigados por la comisión de actos represivos y violaciones a los derechos humanos que pueden constituir «crímenes de lesa humanidad».
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Dicho informe identifica una cadena de personas e instituciones de la dictadura involucradas en las graves violaciones, donde menciona a la Policía, al Poder Judicial, la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre otras, pero no menciona a las fuerzas armadas, bajo el mando del general de ejército Julio César Avilés. Dicha omisión ha generado algunas reacciones de desaprobación.
El investigador y experto en temas de seguridad Javier Meléndez, en una publicación hecha a través de su cuenta persona de X, se muestra extrañado porque el Ejército no aparece en el informe del GHREN y afirma que, él particularmente, aportó elemento de prueba que demuestran el involucramiento de los militares en la represión y violaciones a los derechos humanos.
«Cuando di mi testimonio al GHREN entregué este informe, expliqué el alcance y las formas en que participaron en la represión. Luego de eso, nunca más me contactaron para profundizar en el tema», dice el investigador aludiendo a una investigación publicada en la plataforma Expediente Abierto.
En esa investigación que es parte de los elementos de prueba facilitados por Meléndez al GHREN, se establece que los militares participaron de la represión en dos niveles de ejecución. La primera fue a nivel estratégico, a través de la Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID), el órgano de espionaje heredero de la Seguridad del Estado sandinista de los años 80.
El politólogo y exreo político de la dictadura, desterrado a EE.UU., Félix Maradiaga, durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, también se mostró contrariado por el hecho que el Ejército no sea señalado en el reciente informe de la ONU como perpetrador de violaciones a los derechos humanos, sin embargo se mostró optimista que eso podría suceder en próximas actualizaciones.
Nicaragua acusó este viernes a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de «facilitar» que se cometa un «genocidio» en Gaza al dar apoyo a Israel y dejar de financiar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Managua afirmó que «Alemania está facilitando que se cometa un genocidio y, en cualquier caso, incumplió su obligación de hacer todo lo posible para impedir que se cometa un genocidio» , en una demanda ante el tribunal, informó la CIJ en un comunicado.
Sudáfrica presentó en diciembre un recurso ante este tribunal, la máxima instancia judicial de la ONU que tiene sede en La Haya, argumentando que Israel violó la Convención para la prevención de genocidios.
La Corte no se ha pronunciado sobre el fondo, pero el 26 de enero la CIJ ordenó a Israel que impida cualquier acto de genocidio y que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Cada primero de marzo se conmemora en Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Los profesionales de la comunicación enfrentan una grave crisis generada por la persecución, confiscación, cárcel, destierro, desnacionalización, exilio y hostigamiento de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que intensificó a partir de 2018.
En ese año los medios tradicionales continuaron informaron de la deriva autoritaria del régimen contra los manifestantes que se tomaron las calles. Ejercer su derecho constitucional a informar les ha valido que su trabajo fuera considerado una amenaza para el proyecto dictatorial de Ortega y Murillo.
Periodistas en el exilio consideran que en Nicaragua llega a esta conmemoración con escenarios nada alentadores. La periodista Martha Irene Sánchez, de República 18, un medio digital fundado en plena crisis sociopolítica, refiere que la profesión está sometida a una crisis.
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Sánchez explica que desde hace seis años ha ido escalando la persecución contra los medios y periodistas de parte del régimen Ortega Murillo. «No han cesado de amenazar y perseguir con la aprobación de leyes represivas, con una narrativa que transmite mensajes estigmatizantes y de odio», dijo.
Desde su exilio analiza que el régimen ha criminalizado el ejercicio del periodismo independiente respondiendo con cárcel, judicialización, destierro, desnacionalización, y el incremento sin precedentes del exilo forzado que ya suman más de 240 periodistas y comunicadores.