El Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GHREN, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó, este jueves, 29 de febrero, un segundo informe ejecutivo, el cual detalla de manera exhaustiva las violaciones sistemáticas y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al respecto, diferentes opositores mostraron su conformidad con la entidad internacional, ya que puso «nombre y apellido a los delincuentes que creen que vivirán eternamente en la impunidad».
Por medio de su cuenta oficial de la red social X, el abogado Yader Morazán consideró que esta investigación «refleja que hay avance documentado en la individualización de las responsabilidades penales, identificación de la estructura y las cadenas de mando dentro de diversas instituciones, órganos y agencias del Estado».
Noticia relacionada: ONU confirma que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
El jurista, desnacionalizado por el régimen nicaragüense, destacó que este reporte establece quiénes son «los presuntos autores directos de violaciones, abusos y crímenes». «Detrás de este informe de 21 páginas, hay un arduo proceso de meses de compilación de pruebas que se mantienen de forma confidencial y que sirven de sustento para el día en el que existan las condiciones para llevar a los delincuentes al banquillo de los acusados», manifestó Morazán.
De igual manera, el abogado explicó que de este informe también «se desprenden evidencias para afirmar que la dictadura ha ampliado su escalada represiva en contra de opositores y sus familiares, la población en general y ahora de forma extraterritorial, incluso». Además, Morazán aseguró que el GHREN amplió «la gama de criminales y crímenes cometidos, tales como tortura, privación de nacionalidad, expulsión y prohibición de entrada o salida del país».
«Sé que muchos estamos cansados de los informes, pero este demuestra que se está trabajando día a día en la dirección correcta. Se está documentando, se va cerrando el círculo y hay nombres y apellidos que aún no son públicos», expresó el jurista.
De igual manera, Morazán compartió su opinión respecto al caso del magistrado orteguista Marvin Aguilar, el supuesto «presidente en funciones» de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde noviembre de 2023.
«Después de haber servido de tonto útil y haberse enredado en crímenes de lesa humanidad, a tal punto que el informe del grupo de investigadores penales de la ONU ‘identificó que Aguilar recibía órdenes de la vicepresidenta, de dos asesores presidenciales o de la fiscal general, y luego las comunicaba al resto del poder judicial convocando a su oficina a uno o más jueces de confianza’», declaró. Morazán agregó que los jueces, a su vez, «ejecutaban directamente las órdenes o las comunicaban a otros jueces y empleados judiciales».
Ortega y Murillo sometidos a «investigaciones judiciales»
Por su lado, el politólogo y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua (FLEN), Félix Maradiaga, expresó, en sus redes sociales que el informe de la ONU destaca «la necesidad urgente de una respuesta internacional a la crisis de derechos humanos en Nicaragua» y que es «una contundente condena a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
«Este documento revela un aumento exponencial de las violaciones de derechos humanos durante el último año, situación que exige una respuesta internacional fuerte y decisiva», comentó el activista político, desnacionalizado y desterrado por la dictadura nicaragüense, en 2023.
Maradiaga advirtió que la represión en Nicaragua ha alcanzado «niveles alarmantes» y que el régimen de Ortega está decidido a silenciar «cualquier voz disidente o crítica». «La persecución se ha vuelto más sutil, pero no menos destructiva, afectando principalmente a estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas», denunció.
«El informe destaca la extensión de la persecución más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a nicaragüenses privados de su nacionalidad y documentos oficiales, negándoles apoyo consular y la posibilidad de reunificación familiar», manifestó el activista político. Agregó que, incluso, «los niños han sido violentados y separados de sus padres, una práctica cruel que viola derechos humanos fundamentales».

El exreo de conciencia apuntó que «la consolidación del control total de poderes e instituciones en manos de Ortega y Murillo es particularmente preocupante». «La centralización del poder garantiza la impunidad de los perpetradores y socava cualquier esfuerzo para lograr la rendición de cuentas», dijo Maradiaga.
Además, el politólogo destaca que «las conclusiones y recomendaciones de los expertos de la ONU son claras: es imperativo que Ortega, Murillo y altos funcionarios estatales sean sometidos a investigaciones judiciales por su responsabilidad en estos crímenes».
«Se debe exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y tomar medidas para asegurar la protección de los nicaragüenses afectados por estas violaciones», añadió.
Maradiaga explicó que «la situación en Nicaragua es un claro ejemplo de cómo una dictadura puede desmantelar a la oposición y perpetuar violaciones de derechos humanos con total impunidad». El opositor afirmó que «es hora de que la comunidad internacional actúe con decisión para presionar al régimen de Ortega y Murillo y restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua».
Un informe «demoledor»
Por su lado, Danny Ramírez Ayerdíz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), opinó que el informe es «demoledor contra el régimen y sus altos funcionarios». Además, «confirma todo lo que nosotros ya sabemos y presumimos respecto de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua».
El abogado comentó que «en este sentido, es importante destacar que hay aspectos de casos que probablemente no sabemos por la amplitud del mandato del GHREN, pero también por la capacidad del mismo grupo de recibir una infinidad de denuncias por parte de las organizaciones, y directamente de muchas víctimas»
«Cuando el GHREN revele su informe más completo vamos a poder darnos cuenta de violaciones específicas de derechos humanos de las que todavía no se tiene conocimiento», sostuvo Ayerdiz, quien fue víctima de la persecución política del régimen y se vio obligado a abandonar su patria.
Además, el opositor resaltó que, desde Calidh, «hemos destacado que el año pasado fue el momento en que se utilizaron los crímenes de lesa humanidad como forma permanente de venganza y violencia extrema en Nicaragua».
Noticia relacionada: Presidente de Paraguay exige ante la ONU «el retorno de la democracia» a Nicaragua
Respecto al diagrama de poder del régimen orteguista y sus funcionarios, establecida por el GHREN, el funcionario de Calidh consideró que «esa cadena de mando es compleja. pero a la vez articulada y organizada». «Toda la cadena de mando tiene que ser juzgada por el Consejo de Seguridad de los Estados. Deben crear mecanismos para someter a Ortega y los altos funcionarios a rendir cuentas porque esta crisis de derechos humanos no puede quedar impune», exigió.
Por tal razón, Ayerdiz recomendó que «los organismos de derechos humanos deben buscar las formas de continuar denunciando a Nicaragua ante los distintos países, como hemos hecho (Calidh) desde Argentina, que hemos contribuido a la causa por crímenes de lesa humanidad».