Pese a las pruebas que en Nicaragua se han conocido sobre el involucramiento del Ejército en la represión y violaciones a los derechos humanos, principalmente a partir de 2018, dicha institución castrense no aparece en el más reciente informe del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) y eso se debe a que los investigadores siguen recabando pruebas para demostrarlo.
El GHREN presentó este 29 de febrero, su segundo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país a partir del 2018 y sus conclusiones son demoledoras para el régimen, al definir que, efectivamente, Daniel Ortega, Rosario Murillo y varios de sus funcionarios deben ser investigados por la comisión de actos represivos y violaciones a los derechos humanos que pueden constituir «crímenes de lesa humanidad».
Dicho informe identifica una cadena de personas e instituciones de la dictadura involucradas en las graves violaciones, donde menciona a la Policía, al Poder Judicial, la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre otras, pero no menciona a las fuerzas armadas, bajo el mando del general de ejército Julio César Avilés. Dicha omisión ha generado algunas reacciones de desaprobación.
El investigador y experto en temas de seguridad Javier Meléndez, en una publicación hecha a través de su cuenta persona de X, se muestra extrañado porque el Ejército no aparece en el informe del GHREN y afirma que, él particularmente, aportó elemento de prueba que demuestran el involucramiento de los militares en la represión y violaciones a los derechos humanos.
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«Cuando di mi testimonio al GHREN entregué este informe, expliqué el alcance y las formas en que participaron en la represión. Luego de eso, nunca más me contactaron para profundizar en el tema», dice el investigador aludiendo a una investigación publicada en la plataforma Expediente Abierto.
En esa investigación que es parte de los elementos de prueba facilitados por Meléndez al GHREN, se establece que los militares participaron de la represión en dos niveles de ejecución. La primera fue a nivel estratégico, a través de la Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID), el órgano de espionaje heredero de la Seguridad del Estado sandinista de los años 80.
«La DID fue la encargada de la recopilación de información en el terreno que, luego, se le ofreció al presidente Ortega, el jefe en ambos sistemas de defensa, para que la Policía Nacional y los paramilitares operaran con certeza. La información obtenida era ubicación de tranques, número de manifestantes, medios y armas con las que contaban, nombres de sus líderes, medios de abastecimiento, etc. Me atrevo a decir que la DID fue quien les pasó luego a esos aparatos represores, hasta la dirección donde vivían los líderes de la protesta», indica la investigación citada por Meléndez.
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La otra forma de involucramiento del Ejército fue «en el terreno». Esta consistió en reclutar para las fuerzas paramilitares a exsoldados y oficiales de las tropas especiales para que operaran al lado de la Policía, además, operaciones directas contra manifestantes en zonas alejadas del país y la entrega de equipos y armas de uso exclusivo del Ejército a los paramilitares.
GHREN sigue investigando
El politólogo y exreo político de la dictadura, desterrado a EE.UU., Félix Maradiaga, durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, también se mostró contrariado por el hecho que el Ejército no sea señalado en el reciente informe de la ONU como perpetrador de violaciones a los derechos humanos, sin embargo se mostró optimista que eso podría suceder en próximas actualizaciones.
Consultado por el conductor del programa, Álvaro Navarro, sobre los motivos que tuvo el organismo especial de la ONU para obviar de su informe a los uniformados nicaragüenses, Maradiaga aclaró que el GHREN es un equipo de investigadores jurídicos y se maneja con altos estándares internacionales de investigación, se les exige recabar más pruebas, por lo que es posible que en próximos informes la institución castrense sí aparezca. No obstante, el exreo político insistió que él cree que ya hay elementos para que el cuerpo castrense sea señalado.
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El politólogo además, destacó que, algunas instancias de la comunidad internacional como europarlamentarios aún ven a las fuerzas armadas de Nicaragua como una institución que podría servir de «puente» para facilitar la salida de la dictadura.
Por su parte. Ángela María Buitrago, integrante del GHREN, durante una conferencia de prensa virtual luego de la lectura de la investigación, explicó que «la labor del grupo es determinar quiénes son las personas articuladoras, las personas que materializan los comportamientos de graves violaciones, también las que ordenan y las que disponen sobre esa función», en ese sentido, agregó que aunque ya hayan rendido el informe «no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando en la búsqueda de información para tener la fiabilidad y confiabilidad sobre los elementos que aportamos».