El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) confirmó que en el país centroamericano se han perpetrado crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos niños y estudiantes.
El segundo informe de este grupo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que el régimen de Nicaragua «sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos», equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas. Además, que la situación ha empeorado en 2023.
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«El presidente (Daniel) Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas», explicó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El documento detalla que se perpetran violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social.
En 2023, según el Grupo de Expertos de la ONU, hubo un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo. El informe también destaca la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado en manos de Ortega y Murillo, refiriendo particularmente el control total ejercido sobre el Poder Judicial.
«Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Además, el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», dijo Simon.
La persecución más allá de las fronteras
Los expertos analizaron que la estrategia represiva de la dictadura de Nicaragua se extiende más allá de las fronteras y citan como ejemplo el arrebato de la nacionalidad que se refleja en la «falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir», reseñó la experta Ángela Buitrago.
Las personas que fueron nacionales nicaragüenses son apátridas sin derecho a recursos jurídicos; otras tantas padecen condiciones similares causadas por la apatridia. «El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el gobierno del presidente Ortega y el vicepresidente Murillo», concluyó Jan-Michael Simon.
Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del Gobierno sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas «violaciones por extensión» son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas.
Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero.
El Grupo insta a la dictadura a que ponga en libertad de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, ponga fin a las violaciones, los abusos y los delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprenda investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, los abusos y los delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
Los expertos urgieron a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. Las sanciones son una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla.
Otras recomendaciones incluyen garantizar un acceso justo a los procedimientos de identificación y determinación de estatus para los nicaragüenses privados de su nacionalidad, obligados a salir del país o a quienes se les niega la entrada al territorio de Nicaragua.
El Grupo llama a la comunidad internacional a hacer uso de sus conclusiones en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, ya sea en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, o cuando condicione el acceso preferencial de Nicaragua a mercados sobre el cumplimiento de objetivos de política no comercial, entre otras cosas.