La alta comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó este lunes, 18 de noviembre, la actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua denunciando la persecución religiosa, el encarcelamiento arbitrario y destierro de opositores, la supresión de las libertades fundamentales de los nicaragüenses y a la vez haciendo el llamado una vez más el régimen Ortega-Murillo a aceptar el ofrecimiento de esa instancia de «un diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos que azota a Nicaragua desde 2018».
En el informe de actualización oral, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), deja claro que continúan documentando «graves violaciones de derechos humanos» que han tenido lugar en Nicaragua a partir de 2018 y se declaró «desalentada» por la falta de medidas para evitar que ocurran tales violaciones y señaló que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue distanciándose «de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales».
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«El Gobierno (de Daniel Ortega) ha atacado sistemáticamente a dirigentes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por expresar opiniones diferentes», denunció en su informe la OACNUDH.
Asimismo, destacó que el régimen de Nicaragua persigue a quienes puedan aportar una visión alternativa a la esfera pública y busca extender aún más el control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua por lo cual encarceló a dos de los principales dirigentes indígenas caribeños: el diputado Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez y además ilegalizó el partido indígena Yatama y expresó la preocupación la la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) la salud e integridad física de Rivera, de 71 años, «cuya suerte y paradero se desconoce desde su arresto el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en situación que constituye desaparición forzada».
La actualización recordó que el régimen de Managua se ha comprometido repetidamente ante la comunidad internacional a respetar los principios y propósitos de las Naciones Unidas, que incluyen promover y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. «Hago un llamado al Gobierno, una vez más, a aceptar nuestra oferta de diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos que azota a Nicaragua desde 2018», resalta el documento leído por la representante de la OACNUDH.
Asimismo, la Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por las restricciones al espacio cívico, con repetidos casos de arbitraria detención contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
El informe señala la velación al debido proceso en los procesos judiciales que se le han abierto a los opositores los que ni siquiera son presentados en juicio como manda la Ley sino que los hacen comparecer mediante videollamadas y sin derecho a la defensa.
«Nuestra oficina ha documentado informes de tortura en detención, así como información sobre amenazas contra los presos y sus familiares advirtiéndoles que no denunciaran las condiciones de detención», detalló la funcionaria.
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De igual manera señala que la persecución contra la Iglesia católica y las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de manifestar la propia religión, impuestas por las autoridades «son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»
Al-Nashif se refirió al encarcelamiento injusto que sufre el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece detenido en la cárcel La Modelo en condiciones inhumanas.
El informe de la OACNUDH también señaló la denegación de entrada al país a ciudadanos nicaragüenses percibidos por el régimen como disidentes políticos y sus familias, y denunció que al menos han documentado 30 casos en los últimos 5 meses. «Esto ha dado lugar en muchas ocasiones a la separación forzosa de los niños de sus padres», refiere la actualización.
«Nuestra oficina continúa documentando violaciones contra nicaragüenses despojados de su nacionalidad y propiedades, incluidas al menos 5 incautaciones de propiedades desde septiembre. Las confiscaciones de los ahorros de toda una vida han sumido a muchos en dificultades económicas y situaciones precarias en terceros países», resalta el informe.
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Finalmente, la alta comisionada adjunta señaló que el régimen Ortega-Murillo sigue negándose a colaborar con la OACNUDH y con el sistema internacional de derechos humanos de la ONU.
No obstante pese a las dificultades, la funcionaria de la ONU expresó que «hay esperanza. Los defensores de los derechos humanos en Nicaragua y en el exilio continúan trabajando incansablemente por un futuro mejor. Necesitan el apoyo sostenido de la comunidad internacional».
«Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, lo que profundiza el sufrimiento de la gente, desencadena el éxodo de jóvenes y socava el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamado a Nicaragua para que revierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos», finaliza el informe de actualización sobre los DD. HH. en Nicaragua.
Ante los señalamientos documentados que hizo la OACNUD, la representante de la dictadura en el evento, Wendy Morales, procuradora general de Nicaragua, en términos nada diplomático tildó de «atrevida» la actualización. Expresó, en nombre de los dictadores, el rechazo por estar, supuestamente «basado en campañas mediáticas de desinformación y odio», exponer cuál sería la verdad, según ella.