El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (ONU), concluyó que la dictadura de Nicaragua «sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos» en contra de sus ciudadanos.
Los expertos advirtieron que el Estado de Nicaragua y los funcionarios de sus instituciones «deben rendir cuentas ante la comunidad internacional». Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos, explicó que el Estado de Nicaragua es quien persigue a su propio pueblo, dirigiéndose contra opositores, estudiantes, campesinos e iglesia católica.
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La persecución a los opositores persigue, según el informe de la ONU, eliminar todas las voces criticas y cualquier nueva iniciativa que la dictadura considere una voz incómoda. «En 2023 hubo aumento exponencial de los patrones para incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo», remarcó Simon.
«Nicaragua se encuentra en una espiral de violencia, de persecución contra toda oposición potencial. La persecución se extiende mas allá de las fronteras al Ortega ordenar el retiro de la nacionalidad nicaragüense», señaló el experto internacional de la ONU.
Esta persecución contra opositores que fueron desterrados también se extiende a sus hijos. A ese fenómeno le ha denominado «víctimas por extensión» de la persecución contra sus padres. Menciona que se les ha negado el pasaporte y les han impedido el ingreso o salida de forma regular desde y para Nicaragua.
El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, advierte de la centralización de todos los poderes del Estado en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, principalmente del control absoluto del Poder Judicial, el encargado de velar por la aplicación correcta de las leyes.
Según los expertos de la ONU, este sometimiento del Poder Judicial «socava cualquier esfuerzo para la rendición de cuentas». Simon considera que (Ortega) ha creado una «burbuja más sólida» para continuar perpetrando sus violaciones a los derechos humanos y esto permite la impunidad.
El experto urgió al régimen que deje en «libertad inmediatamente» a los más de 100 presos políticos y que realice investigaciones exhaustivas independientes por las graves violaciones a los derechos humanos, entre otras recomendaciones.
El Grupo de la ONU llamó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones a las a los funcionarios de instituciones implicadas en las violaciones de derechos humanos y la criminalización de la democracia.
Además, que tomen en cuenta las conclusiones del informe en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, ya sea en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o cuando condicione el acceso preferencial de Nicaragua a mercados sobre el cumplimiento de objetivos de política no comercial, entre otras cosas.