La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arreciado su embestida contra el exmagistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, y padrino de bodas de la pareja en el poder, Rafael «Payo» Solís. De acuerdo con la información difundida por los medios de comunicación independientes, la Policía orteguista desalojó de su residencia de Villa Fontana, en Managua, a la madre del exfuncionario, Rafaela Cerda, de 93 años.
Las autoridades oficiales del régimen se presentaron al edificio con cuatro patrullas y le informaron a la anciana que, a partir de ese momento, su casa era «propiedad del Estado nicaragüense». Los oficiales le advirtieron que debía retirarse de inmediato y Cerda salió solo con la ropa que llevaba puesta. No le permitieron llevarse sus pertenencias ni sus medicamentos.
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A inicios de esta semana, la Policía también llegó nuevamente a la casa de Aldo Rappaccioli Solís, hijo de Ana Isabel Solís y sobrino del exmagistrado orteguista, para confiscarle su propiedad. Sin embargo, una fuente indicó que ambos «se encuentran en un lugar seguro».
Ortega se toma Plaza Isabella
Además de confiscarle la propiedad a su madre, el pasado 26 de febrero, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron una propiedad perteneciente a Ana Isabel Solís, hermana de Rafael Solís, el funcionario que desertó de la dictadura sandinista en 2019.
Múltiples propietarios de los negocios ubicados en la Plaza Isabella, en Managua, abandonaron el centro comercial y se llevaron todas sus pertenencias. Una fuente, que vive cerca del lugar, explicó a Artículo 66 que los agentes gubernamentales «se presentaron en la plaza para tomar fotos de todos los módulos y medir todo el terreno». Debido a la presencia de los trabajadores estatales, los dueños de siete establecimientos decidieron «retirar todo su mobiliario».
De acuerdo con la fuente consultada, los trabajadores orteguistas les explicaron a los comerciantes que la razón por la que tomaron fotos y midieron el área de los 10 módulos fue por que «la Plaza Isabella pasó a manos del Estado». A su vez, les dijeron a los propietarios restantes que «próximamente les notificarían la forma en que continuarían pagando la renta».
«Los dueños de los negocios no quieren tener ningún trato con el gobierno, por eso decidieron desmontar todo y cerrar», explicó el informante. Además, mencionó que los miembros de la PGR le indicaron al guarda de seguridad que «no permitiera el ingreso de los dueños y trabajadores de los negocios que habían retirado sus cosas».
Le confiscaron otras tres casas
Una segunda fuente ligada con la PGR relató a este medio de comunicación que el Estado arremetió en contra de tres casas propiedad de otros familiares cercanos a Rafael Solís. Estas propiedades estaban ubicadas en Villa Fontana, Managua. De acuerdo con el informante, «hace días» los trabajadores estatales llegaron al residencial para mostrar las órdenes de confiscación.
Sin embargo, según declaró la fuente, el gobierno no se apropió de estas casas y no han regresado al lugar. Además, comentó que la Policía orteguista solo vigiló las propiedades durante la presentación de las órdenes y, posteriormente, se retiró de la zona. «Aún no las confiscaron físicamente», dijo el informante, sin precisar quiénes están ocupando las propiedades.
Según el periodista deportivo Miguel Mendoza, en una de esas casas es donde tenía su oficina el exmagistrado Solís.
Hotel Casablanca decomisado
Pero el inicio de la oleada masiva de confiscaciones empezó el pasado 29 de enero, con la toma de posesión del Hotel Casablanca, localizado en San Juan del Sur, departamento de Rivas. Un grupo de agentes policiales fueron los encargados de entrar al edificio, que también pertenecía a la señora Cerda.
Fuentes extraoficiales informaron al medio informativo independiente que «los agentes del régimen llegaron al recinto bajo el argumento de una ‘orden de la Procuraduría General de la República’ (PGR)», aunque no presentaron ningún documento.
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Los policías procedieron a expulsar a los empleados del hotel, incluyendo a los trabajadores de Alamo, una empresa encargada de rentar autos que tenía una sucursal en el hospedaje. Una vez que estuvo vacío, los agentes del régimen tomaron el lugar en su totalidad.
Previo a su nombramiento como magistrado de la CSJ en el 2000, Solís manejó dicho hotel «durante un tiempo». Sin embargo, con su llegada a la CSJ, el funcionario le vendió y traspasó el hospedaje a su madre, quien, desde ese momento, inició a administrar el sitio.
Desde que asumió su cargo en la entidad gubernamental, Solís estuvo muchos años involucrado en la política nicaragüense. Por casi 19 años, trabajó como asesor directo de Ortega, hasta que, el siete de enero de 2019 abandonó las filas de su partido y viajó a Costa Rica sin boleto de regreso. Actualmente, es otro más de los críticos del régimen que se encuentran exiliados y desnacionalizados.