Régimen orteguista confisca otras cuatro propiedades de la familia de Rafael Solís

Múltiples propietarios de los negocios ubicados en la Plaza Isabella, Managua, abandonaron el centro comercial y se fueron con todas sus pertenencias. El 26 de febrero, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron la propiedad perteneciente an Ana Isabel Solís, hermana del exmagistrado Rafael «Payo» Solís, el otrora poderoso magistrado judicial que desertó de la dictadura sandinista en 2019.

Una fuente que habita en las inmediaciones de la plaza Isabella explicó a Artículo 66 que los agentes gubernamentales «se presentaron en la plaza para tomar fotos de todos los módulos y medir todo el terreno». Debido a la presencia de los trabajadores estatales, los propietarios de siete establecimientos decidieron «retirar todo su mobiliario».

De acuerdo con la fuente consultada, los miembros del Estado orteguista les comentaron a los dueños que la razón por la que tomaron fotos y midieron el área de los 10 módulos fue por que «la Plaza Isabella pasó a manos del Estado». A su vez, les dijeron a los propietarios restantes que «próximamente les notificarían la forma en que continuarían pagando la renta».

Noticia relacionada: Ortega confisca hotel a la madre de Rafael Solís, exmagistrado de la CSJ y padrino de bodas de la pareja gobernante

«Los dueños de los negocios no quieren tener ningún trato con el gobierno, por eso decidieron desmontar todo y cerrar», explicó el informante. Además, mencionó que los miembros de la PGR le indicaron al guarda de seguridad que «no permitiera el ingreso de los dueños y trabajadores de (los) negocios que habían retirado sus cosas».

La Plaza Isabella está ubicada en la segunda entrada de «Las Colinas». Recientemente, el Estado de Nicaragua comenzó a confiscar tanto sus propiedades como las de su familia, a quienes ya les ha quitado un hotel y, más recientemente, tres casas. Artículo 66 intentó comunicarse con el exmagistrado Solís, pero el también padrino de bodas de Daniel Ortega no respondió su teléfono celular.

La confiscación de tres casas

Una segunda fuente ligada con la PGR relató a este medio de comunicación que el Estado arremetió en contra de tres casas propiedad de otros familiares cercanos a Rafael Solís. Estas propiedades estaban ubicadas en Villa Fontana, Managua. De acuerdo con el informante, «hace días» los trabajadores estatales llegaron al residencial para mostrar las órdenes de confiscación.

Sin embargo, según declaró la fuente, el Estado no se apropió de estas casas y no han regresado al lugar. Además, comentó que la Policía orteguista solo vigiló las propiedades durante la presentación de las órdenes y, posteriormente, se retiró de la zona. «Aún no las confiscaron físicamente», dijo el informante, sin precisar quiénes están ocupando las propiedades.

Según el periodista deportivo Miguel Mendoza, en una de esas casas es donde tenía su oficina el exmagistrado Solís.

La renuncia de Rafael Solís

Desde que asumió su cargo en la Corte Suprema de Justicia, Solís estuvo muchos años involucrado en la política nicaragüense. Por casi 19 años trabajó como asesor directo de Ortega, hasta que, el siete de enero de 2019 abandonó las filas de su partido y viajó a Costa Rica sin boleto de regreso.

Noticia relacionada: Corte Suprema de Justicia quiere castigar con destitución del exmagistrado Rafael Solís por “abandono de trabajo”

Al día siguiente, el ocho de enero, fue recibida una carta de renuncia de Solís, quien, en ese entonces, manifestó que su «renuncia es independiente de la decisión que tome la Asamblea Nacional sobre aceptarla o no, aun cuando solo falten tres meses para concluir mi periodo». En ese mensaje, también señaló al régimen como «el principal causante de la crisis que arrastra Nicaragua». Sin embargo, su destitución oficial llegó hasta el primero de octubre de ese año.

Posteriormente, en febrero de 2023, fue desnacionalizado por el régimen, bajo la acusación de «traición a la patria» junto a otros 93 nicaragüenses opositores. Pocos meses después, fue naturalizado como ciudadano español.

El pasado 29 de enero, el Estado de Ortega y Murillo realizó la primera confiscación de una propiedad perteneciente a la familia de Solís. Ese día, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adueñó del Hotel Casablanca, propiedad de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado.