Después de que desertó del régimen sandinista y de que ordenaran arrebatarle su nacionalidad, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a arremeter contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís. Según una noticia publicada por Nicaragua Investiga, las fuerzas represivas del régimen intervinieron en una propiedad que pertenecía a Rafaela Cerda, madre del exasesor judicial y padrino de bodas de la pareja gobernante.
De acuerdo con el portal de comunicación, al medio día del 29 de enero de 2024, un grupo de agentes policiales entraron al Hotel Casablanca, el cual está localizado en San Juan del Sur, Rivas.
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Fuentes extraoficiales informaron al medio independiente que «los agentes del régimen llegaron al recinto bajo el argumento de una ‘orden de la Procuraduría General de la República (PGR)’», aunque no presentaron ningún documento.
Los policías procedieron a expulsar a los empleados del hotel, incluyendo a los trabajadores de Alamo, una empresa encargada de rentar autos que tenía una sucursal en el hospedaje. Una vez sin los funcionarios, los agentes tomaron el lugar en su totalidad.
Previo a su nombramiento como magistrado de la CSJ en el 2000, Solís manejó dicho hotel «durante un tiempo». Sin embargo, con su llegada a la CSJ, el exmagistrado le vendió y traspasó el hospedaje a su madre, quien, desde ese momento, manejaba el sitio.
Solís y su rechazo al régimen
Desde que asumió su cargo en la CSJ, Solís estuvo muchos años involucrado en la política nicaragüense. Por casi 19 años trabajó como asesor directo de Ortega, hasta que, el siete de enero de 2019 abandonó las filas de su partido y viajó a Costa Rica sin boleto de regreso.
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Al día siguiente, el ocho de enero, fue recibida una carta de renuncia de Solís, quien, en ese entonces, manifestó que su «renuncia es independiente de la decisión que tome la Asamblea Nacional sobre aceptarla o no, aun cuando solo falten tres meses para concluir mi periodo». En ese mensaje, también señaló al régimen como «el principal causante de la crisis que arrastra Nicaragua». Sin embargo, su destitución oficial llegó hasta el primero de octubre de ese año.
Posteriormente, en febrero de 2023, fue desnacionalizado por el régimen bajo la acusación de «traición a la patria» junto a otros 93 nicaragüenses opositores. Pocos meses después, fue naturalizado como un ciudadano español.