El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó de manera «exprés» asilo político al expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli. De acuerdo con la nota de prensa publicada el siete de febrero, el exmandatario se autodeclaró «perseguido por razones políticas». El asilo fue otorgado poco después de que Martinelli ya no tuviera alguna protección para evitar una condena de casi 11 años por blanqueo de capitales.
Los opositores condenaron la decisión del régimen nicaragüense al brindar protección a un criminal, aunque expresaron que «no les sorprende». Según los críticos de la dictadura, «Nicaragua se está convirtiendo en la salvación de las ratas centroamericanas».
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El economista y exdiputado Enrique Sáenz calificó como «lógico» que «un régimen mafioso sea un refugio para las cúpulas corruptas de la región». En la publicación compartida en su cuenta de X, el analista político recordó que «la dictadura de Nicaragua refugió a Mauricio Funes y a (Salvador) Sánchez Cerén, ambos exmandatarios de El Salvador que escapaban de las acusaciones por corrupción». Además, el régimen protegió a altos funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, aunque este último «no llegó al santuario».
Por su parte, la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, consideró que «el asilo político de Martinelli es completamente vergonzoso, pero no sorpresivo». A su vez, la representante de la organización denunció que «mientras más de 700 mil personas hemos tenido que dejar nuestro país, Ortega viene y lo convierte en la cueva de ladrones por excelencia de la región».
Por su lado, el Colectivo Nicaragua Nunca Más dijo a Artículo 66 que la dictadura de Ortega-Murillo «ha vuelto a demostrar su compromiso de dar impunidad a los graves delitos que cometen tanto ellos como sus aliados».
La organización comentó que «no podemos olvidar cuando el régimen protegió y nacionalizó a Alessio Casimirri, magnicida del presidente Aldo Moro de Italia». «A pesar de que la comunidad internacional exigió en reiteradas ocasiones la extradición del homicida, el Estado nicaragüense le garantizó su impunidad», agregó.
«La soledad del régimen»
El organismo consideró que la protección de Martinelli desvela la «soledad» internacional del régimen, ya que sus únicos aliados son personas o Estados quienes han sido acusados de cometer crímenes de gran magnitud o de lesa humanidad. Además, el Colectivo comentó que «de manera muy similar a la familia Ortega-Murillo, sus aliados han atentado contra la democracia de sus países».
Además, la agrupación opositora mencionó que la dictadura de Nicaragua «ha reiterado, señalado y utilizado el argumento de la ‘soberanía’ para oponerse a las sanciones y condenas de organismos internacionales». A pesar de ello, el gobierno nica realiza acciones que «irrespetan la democracia de otros países al darle asilo a personas consideradas criminales por sus Estados».
Para el Colectivo, resulta irónico que «Martinelli mencione que no ha recibido las garantías mínimas que él pidió para su juicio, mientras le pide protección a un Estado dictatorial». «Un país que ha encarcelado a sus opositores políticos sin ningún proceso legítimo y a falta de garantías judiciales», recalcó.
El organismo reiteró que «el asilo de Martinelli demuestra el irrespeto a la democracia y a la búsqueda de justicia que tiene la dictadura de Nicaragua». «No podemos olvidar que, mientras el Estado de Nicaragua entorpece los procesos legítimos de un Estado extranjero, el Estado continúa en un esquema de tortura constante en contra de sus presos políticos, devolviendo la inconstitucionalidad y la falta de democracia al país».
Por último, el abogado Yader Morazán comentó de manera sarcástica que «soy del país (Nicaragua) donde se da acogida legal a políticos prófugos de la justicia extranjera». «Mientras, el gobierno desnacionaliza e impide el ingreso de su gente, así como cierra embajadas en la ruta migratoria donde deberían de dar protección a sus ciudadanos», comentó.
El nuevo refugiado de Ortega
En una nota de prensa, con fecha de siete de febrero de 2024 y extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo notifica que Martinelli «solicitó asilo en la embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad».
Un día antes, el expresidente panameño entre el periodo de 2009 a 2014 y aspirante a la reelección presidencial por el partido Realizando Metas (RM) había acusado al actual mandatario, Laurentino Cortizo, de planear matarlo antes de los comicios generales a celebrarse el 5 de mayo.
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Martinelli, de 71 años, fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. El fallo de primera instancia fue ratificado en octubre por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual Martinelli presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.
Desde entonces el expresidente y dueño de una cadena de supermercados presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de dilatar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los cómicos, pero todos fueron rechazados.