El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso una serie de sanciones a entidades vinculadas a la dictadura orteguista, entre ellas la compañía minera Capital Mining Investment Nicaragua, que, según la Casa Blanca, pertenece a Laureano Ortega Murillo, el «hijo predilecto» de la pareja dictatorial.
El país norteamericano considera que el oro representa «la materia prima más exportada de Nicaragua» y, por esa razón, las nuevas restricciones tienen como objetivo degradar la capacidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de Capital Mining».
Investigaciones afirman que Capital Mining y la Compañía Minera Internacional (COMINTSA), dirigida por el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, son «empresas afiliadas al gobierno que generan ingresos» para el régimen nicaragüense.
Noticia relacionada: PGR investiga a empresa que intenta comprar tierras en el Caribe bajo la sombra de Laureano Ortega
La función principal de Capital Mining es ser «un intermediario del sector minero «que le cobra a otras empresas mineras por realizar negocios en Nicaragua», detalla un comunicado de la OFAC.
La empresa de Ortega Murillo se designa conforme a la O.E. 13851 (Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua), según enmendada, por operar o haber operado en el sector de oro de la economía nicaragüense.
En su página oficial de Facebook, la compañía minera se describe como «especialistas en la extracción de minerales» y afirman que cuentan con «un equipo de profesionales altamente cualificados y con los últimos equipos y tecnología, lo que nos permite ofrecer un servicio de la máxima calidad».
Entre los trabajos realizados por Capital Mining figuran la «extracción de minerales metálicos, como el oro, la plata, el cobre, el zinc y el hierro» y la «extracción de minerales no metálicos, como el carbón, el petróleo, el gas natural y los minerales industriales».
Mineros rechazaron la empresa
En septiembre de 2022, al menos seis cooperativas de minería de los municipios La Libertad y Santo Domingo, en Chontales, denunciaron que el director general de la Dirección de Energía y Minas, Norman Henríquez, ordenó el cierre de las operaciones del plantel Los Ángeles, en Río San Juan, para brindar la concesión minera a Capital Mining.
«Los dirigentes acordaron firmemente que van a defender el derecho a la libre organización (cooperativismo) y el derecho que les faculta la Ley 387 (Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas) con su reforma en el artículo 39, que les está siendo negado por Henríquez», detalla el comunicado publicado en la página de Santo Domingo Comunica.
Los mineros expresaron su disgusto con «la empresa impuesta por la dirección de Minas, Capital Mining, y reiteramos que no vamos a permitir que sean cercenados y violentados nuestros derechos como pequeños mineros».
«Rechazamos las mentiras y acusaciones que se les hace al sector de pequeña minería como causantes de la destrucción del medio ambiente, excusa utilizada por el director de Minas para consolidar y justificar la creación de la empresa Capital Mining», expone la página Santo Domingo Comunica.
Las advertencias de los miembros de estas cooperativas se realizaron luego que ellos, y los mineros artesanales de San Carlos, Río San Juan, enviaron cartas, en reiteradas ocasiones, al ministro de Energías y Minas, Salvador Mansell. Sin embargo, ninguna de sus peticiones obtuvieron respuestas y se consolidó el establecimiento de Capital Mining, afectando la economía de cientos de trabajadores.
Gestión de EE. UU.
Como resultado de las sanciones impuestas por el Tesoro, todas las propiedades e intereses en propiedad en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC, incluyendo Capital Mining.
De igual manera, el comunicado señala que «quedan bloqueadas todas las entidades que pertenecen, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o en mayor proporción, a una o más personas bloqueadas».
Estados Unidos afirma que estas medidas «se toman en respuesta a la continua represión del régimen contra el pueblo de Nicaragua. «El propósito final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento», sostienen.
Me siento triste porque no lo pueden dejar trabajar en paz solamente ellos quieren hacerse millonarios y uno que siga comiendo polvo.