A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de «manipular el sector del oro y hacer dinero ilegal con la migración».
Activistas de la oposición nicaragüense considera que estas restricciones aplicadas al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, a la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y a la compañía Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining), entidades clave vinculadas al régimen opresivo, representan «un paso significativo hacia la restauración de la justicia y la dignidad en Nicaragua».
Noticia relacionada: Capital Mining: La compañía minera de Laureano Ortega Murillo, sancionada por realizar «operaciones corruptas»
En un vídeo publicado en la red social X, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, indicó que las nuevas sanciones están «golpeando el bolsillo de la dictadura, al tocar el sector minero».
El diplomático describió que la minería ilegal de la dictadura nicaragüense es «un oro de sangre, contaminante, que destruye el medio ambiente y que contamina los ríos con mercurio».
«Todos los negocios sucios de la dictadura están golpeados y es lo que más le duele, porque lo único que respeta la dictadura son las finanzas», sentenció.
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro también coincidió que «las sanciones a las empresas mineras van encaminadas precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector del oro».
El activista político resaltó que el Tesoro señala a Laureano Ortega Murillo, apodado «El Chigüín» dentro de la oposición, como «la persona detrás de estas empresas, donde también se sabe que está en la mano del poderoso ministro de Energía y Minas».
Estados Unidos, en esa batería de sanciones a Nicaragua, la acusó de hacer negocios con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices «en la explotación de migrantes».
Cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales, el presidente Joe Biden intenta atajar la crisis migratoria desde todos los frentes y Nicaragua es uno de ellos.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
Esto ha llevado al gobierno de Biden a emitir una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular. .
En un comunicado, el Departamento de Estado acusa al mandatario Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de haber ideado «políticas migratorias permisivas» que han facilitado que las redes «exploten a los migrantes con multas económicas y fomentan peligrosos viajes irregulares hacia la frontera suroeste de Estados Unidos» con México.
Otros 250 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron desvisados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, informó la entidad norteamericana. Esta es una medida complementaria a las sanciones impuestas a un centro de entrenamiento ruso que opera en el país centroamericano y dos empresas mineras.
Entre los nuevos sancionados con la restricción de entrada a Estados Unidos se encuentran miembros de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), funcionarios de educación superior y ciertos actores no gubernamentales.
Noticia relacionada: Gobierno de Biden sanciona a un centro de entrenamiento ruso que opera desde Nicaragua
La entidad norteamericana señala que esta nueva tanda de funcionarios, sancionados con la cancelación de las visas, se da por «apoyar al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables».
Desde noviembre de 2021 a mediados de mayo de 2024, la Proclama Presidencial de Joe Biden ha restringido la visa a más de 1 mil 400 funcionarios nicaragüenses que «amenazan la democracia» en el país centroamericano y son «cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas».
«El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y quienes están bajo su mando, continúan deteniendo injustamente a quienes abogan valientemente por una sociedad libre, la libertad de religión y la libertad de expresión», señala la nota oficial de Estados Unidos.
