El régimen de Nicaragua otorgó asilo político al exmandatario de la República de Panamá y actual candidato presidencial, Ricardo Martinelli.
En una nota de prensa, con fecha de siete de febrero de 2024 y extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo notifica que Martinelli «solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad».
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Un día antes, el expresidente panameño entre el periodo de 2009 a 2014 y aspirante a la reelección presidencial por el partido Realizando Metas (RM) había acusado al actual mandatario, Laurentino Cortizo, de planear matarlo antes de los comicios generales a celebrarse el 5 de mayo.
La representación de Ortega avisa que «el Estado de la República de Nicaragua transmite que, de conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país, y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad, el Gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá».
Tras esta decisión exprés, la representación nicaragüense solicita al « Gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua».
Ayer, seis de febrero, Martinelli declaró de la supuesta existencia de un plan para matarlo. «Me quieren matar. Tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos protegidos y trabajan en la Presidencia. En estos momentos tienen miedo por su vida», dijo el exmandatario a periodistas que lo abordaron a su salida en la Asamblea Nacional. La acusación la dirigió contra el presidente Cortizo y el vicepresidente, José Gabriel Carrizo.
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Sobre Martinelli pesa una acusación por blanqueo de capitales, por lo cual fue condenado a 11 de años de cárcel y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares.
Para los próximos comicios, el empresario panameño, al mejor estilo de Daniel Ortega y emulando su nepotismo, había designado como su fórmula presidencial a su esposa, Marta Linares.
Martinelli, de 71 años, que gobernó Panamá desde 2009 hasta 2014 y llegó al poder gracias a un discurso anticorrupción, anunció que su mujer es la mejor candidata a la vicepresidencia porque lo conoce de «arriba a abajo».
El club de expresidentes asilados
Daniel Ortega se ha caracterizado por proteger a expresidentes que huyen de su país para evadir la justicia y así no responder por sus actos de corrupción. El 30 de julio de 2021, Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, a quien anteriormente le había brindado asilo político.
Con ello, Sánchez Cerén no podrá ser extraditado para responder por un caso de corrupción en su país. Esa protección la ha extendido hacia la esposa, hijos, nietos y bisnietos del exmandatario.
Pero el primero al que el régimen sandinista recibió con los brazos abiertos fue a Mauricio Funes (2009-2014), quien llegó a Nicaragua en 2016 y, el 30 de julio de 2019, recibió la nacionalidad en Nicaragua, cuya Constitución, en su artículo 43, establece que «los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional».
Tanto Sánchez Cerén como Funes gobernaron El Salvador en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.
Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios salvadoreños son acusados de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la Administración de Funes.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes, durante el primer Gobierno del FMLN, ahora partido de oposición en El Salvador.
Los cargos que enfrenta Sánchez Cerén en los tribunales son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por los que un tribunal ordenó recientemente su captura internacional.
El caso contra Sánchez Cerén se desprende de una investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, por lo que el experiodista también es requerido por la Justicia salvadoreña.
Que ironía con el gobierno de mi país, nos amenaza con quitar la nacionalidad a todos los Nicaragüenses que estamos buscando un mejor nivel de vida trabajando en otros países, y por ende somos los que aportamos las divisas que tanto necesitan para mantener los índices de crecimiento económico que dicen tener, pero a delincuentes perseguidos por la justicia por actos de corrupción en sus respectivos países los reciben con los brazos abiertos como es el caso del ex-presidente de el Salvador y ahora este panameño.