El próximo nueve de febrero, se cumplirá un año del destierro de 222 nicaragüenses, quienes fueron excarcelados, enviados en un avión a Estados Unidos; pero, sin boleto de regreso.
Por el contrario, el régimen de Daniel Ortega se encargó de mandarlos en el vuelo que para los prisioneros políticos significa su «libertad», pero a cambio les tenía preparado la arbitraria e inconstitucional eliminación de su nacionalidad nica. A ese grupo le sumó otros 95 críticos a su dictadura, a quienes les aplicó la misma medida: la desnacionalización.
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Esas acciones son evaluadas por el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís como «perversas». En declaraciones a la Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés) el exmandatario recalcó que «esas decisiones de dejar sin patria a los críticos de un gobierno u otro deben de ser rechazadas de manera contundente, así como los afectados deben de ser apoyados».
«El régimen de Ortega es una dictadura perversa que ha ido más lejos que cualquier otra en Latinoamérica», agregó.
El 19 de enero, la Asamblea Nacional aprobó, en segunda legislatura, una reforma al artículo 21 de la Constitución Política. Con ello, el régimen se arroga la facultad para «desnacionalizar a los acusados de ‘traición a la patria’».
En la opinión del político, «dejar apátridas a las personas no es solamente un acto repudiable, sino que demuestra la naturaleza malvada de la dictadura». Solís destacó que el mandato ilegal de Ortega-Murillo «está yendo más allá de lo que han ido otros regímenes de latinoamericanas que mataron a más personas».
El exmandatario costarricense calificó a la dictadura sandinista como «muy perversa, porque mata cuando tiene que acabar con alguien o cuando quiere hacerlo, así como en 2018 y, de manera más selectiva, a lo largo de 2019. Y, además de terminar con sus opositores, intimida en todo su actuar».
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Solís fue presidente de Costa Rica desde 2014 hasta el ocho de mayo de 2018, por lo tanto, llegó a ver desde su presidencia el levantamiento cívico generado en Nicaragua que dejó más de 350 asesinados.
«Solo Pinochet había desnacionalizado a sus opositores»
El exdiputado desnacionalizado Eliseo Núñez explicó al mismo medio de comunicación que «la reciente reforma al artículo 21 de la Constitución deja en claro la voluntad del régimen orteguista de mantenerse al margen del derecho internacional». Sin embargo, el jurista recordó que «en 2013, Nicaragua firmó la adhesión a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas, de la cual aún no se desliga».
Por otro lado, la abogada Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, resaltó que «en la región, solo Pinochet había despojado de su nacionalidad a sus críticos». «Pero ahora Nicaragua replica esta acción y ahora cualquier crítica u oposición es violentamente reprimida», añadió.
Los opositores desnacionalizados
En febrero de 2023, la dictadura de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, como otra de sus medidas arbitrarias contra sus críticos. En una primera tanda, quitó la nacionalidad a 222 excarcelados políticos; luego, a 94 figuras de la oposición y directores de medios de comunicación independientes. Por último, en una clara represalia por no aceptar el destierro, le arrebató ese derecho al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien todavía se encontraba en las cárceles del régimen.
En su mayoría, los opositores desnacionalizados han aceptado el ofrecimiento de España de acogerlos como sus ciudadanos; sin embargo, «el destierro, la desnacionalización y todos los crímenes del régimen no deben de ser naturalizados», advierten los críticos a la dictadura.