El Instituto de la Juventud (Injuve) organizó, por séptimo año consecutivo, la Feria Nacional de Becas Universitarias para el ciclo escolar 2024. En el evento, llevado a cabo el 27 de enero, el régimen orteguista «otorgó» más de 27 mil ayudas académicas a distintos estudiantes en el país, todo con el requisito especial de «escribirle una carta al comandante» Daniel Ortega.
De acuerdo con los medios oficialistas, el Injuve, en conjunto con 15 universidades privadas, entregó 27,568 ofertas académicas en programas de pregrado, postgrado y maestría a estudiantes y profesionales del país.
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En sus redes sociales, la entidad gubernamental que ha funcionado como financiador de grupos de choque del sandinismo detalló que los requisitos para los estudiantes eran presentar una fotocopia de su cédula de identidad, una fotocopia del diploma de bachiller, fotocopia de las notas de décimo y undécimo grado, así como una «carta de solicitud de beca dirigida al comandante Daniel Ortega, presidente de la República».
En 2021, en la cuarta edición de esta feria, el régimen impuso este «requisito especial», el cual compromete al estudiante a apoyar al gobierno sandinista para conseguir una beca. Por lo tanto, queda en segundo plano el desempeño académico y se vuelve más importante la subordinación política.
Las universidades que participaron en el evento fueron la Universidad Americana (UAM), Universidad American College (UAC), Universidad Central de Nicaragua (UCN), Universidad del Valle (UNIVALLE), Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), la Universidad de Managua (UdeM) y la Universidad de Medicina Oriental, Japón-Nicaragua (UMO-JN).
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A estos centros académicos se les suma la Universidad de las Américas (ULAM), Universidad Jean Jacques Rosseau (UNIJJAR), La American University (LAU), Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (UCYT), Universidad Martin Lutero (UML), Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC), Universidad Técnica de Comercio (UTC) y, por último, la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN).
Según los medios oficialistas, los porcentajes de beca ofrecidos abarcaban desde un 15 a un 70 por ciento en los distintos programas, ya que iba en dependencia de la carrera o programa a aplicar, además de tomar en cuenta el centro de estudios.
A pesar de la presencia de 15 universidades en este evento, es innegable que, desde 2021, el régimen ha impuesto un silencio total sobre la política en los centros académicos del país. Aquellas casas de estudio que mantuvieron una posición crítica contra el gobierno fueron cerradas y confiscadas.
El cierre de la inteligencia académica
Desde abril de 2018, Nicaragua arrastra una crisis sociopolítica producto de la represión que los manifestantes sufrieron durante un levantamiento cívico. Un amplio número de esos participantes de las protestas correspondía a estudiantes universitarios que reconocieron las violaciones cometidas por el Estado en contra de la población.
Sin embargo, una vez el régimen «aplanó» todo movimiento social después de ejecutar la conocida «operación limpieza», muchos estudiantes regresaron a sus universidades, aunque no fueron bien recibidos. Múltiples participantes de las protestas denunciaron que, sin mayor explicación, perdieron el derecho de continuar en su carrera universitaria.
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Algunas universidades privadas resistían y continuaban en su filosofía de apostar por el pensamiento crítico entre su estudiantado. Pero, a partir de la creación de nuevas leyes, la dictadura otorgó al Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior) la capacidad de cerrar esos centros de estudios bajo distintos argumentos como «la falta de presentación de reportes financieros o de ser centros terroristas»; aunque el objetivo era pasar la guillotina para controlar la educación.
El 13 de septiembre de 2021, la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) fue clausurada bajo aprobación de la Asamblea Nacional. Desde esa fecha, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) contabilizó a 30 universidades cerradas, la última fue el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el 25 de septiembre de 2023. Otros recintos universitarios que fueron confiscados fueron la Universidad Politécnica (UPOLI) y la Universidad Centroamericana (UCA).
