El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) condenó la confiscación de distintas universidades por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el reporte publicado el 27 de noviembre del corriente año, la organización defensora de derechos humanos consideró que «el cierre de universidades es una de las principales maneras del Estado nicaragüense para intentar uniformar e imponer a la sociedad su discurso controvertido de país en paz».
El informe comenzó con una dedicatoria a «las autoridades legítimas, a los exestudiantes, docentes y demás trabajadores de las universidades confiscadas». El CALIDH especificó que abarcaron información sobre 30 universidades canceladas por el gobierno nicaragüense en el periodo del 2021 hasta el 2023.
El organismo dijo que «es el reporte más complejo de escribir, tanto por los aspectos perversos como las violaciones contra los derechos humanos y la persecución estatal contra los organismos independientes».
En el reporte se detalló el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde las protestas en abril del 2018. A su vez, se explicaron los cambios de leyes que realizó la dictadura de Ortega para respaldar sus acciones represivas, como es la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que, según el informe «estableció la criminalización de todas las asociaciones civiles bajo el argumento de no ser utilizadas para desestabilizar al país».
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Posteriormente, se reforzó este control de gobierno con la ley 1127 que «dotó a la ministra de Gobernación la facultad de otorgar y cancelar personalidades jurídicas», reporta el CALIDH. A su vez, está la Ley 1114, de reformas a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior «le concedió atribuciones al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para ejercer una hipervigilancia a las universidades».
Después, el reporte revisó de manera cronológica el cierre de las distintas universidades en el país. Abarcó desde la clausura de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) el 13 de diciembre del 2021, hasta la cancelación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el pasado 25 de septiembre del corriente año. Algunas de las universidades cerradas fueron la Universidad Politécnica (UPOLI) y la Universidad Centroamericana (UCA).
El CALIDH recalcó que no fue solo la pareja presidencial quienes se encargaron de realizar los crímenes contra la comunidad estudiantil; mencionó distintos nombres que facilitaron o que hicieron posible este sistema perfeccionado para cerrar estos centros de estudios superiores. En el reporte se dijo que «el patrón de censura, castigo y venganza ordenado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades y sus miembros son crímenes de lesa humanidad».
A su vez, consideran que María Coronel Kinloch, ministra de gobernación; Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Wendy Morales, procuradora general de la República; Maribel Duriez, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Díaz, director de la Policía Nacional. También los rectores, vicerrectores y secretarios generales impuestos por el CNU, cometieron al menos 21 delitos.
El CALIDH consideró que para reparar las violaciones a los derechos humanos se debe de «devolver las personalidades jurídicas de universidades entre anuladas por el régimen entre 2021 y 2023 que violentaron el derecho a la libertad de asociación. A su vez, se debe de respetar la propiedad privada, respetar la educación superior y libertad de expresión, la libertad académica y proceder con mecanismos adecuados, legales y no abusivos contra la población».
Disolver el CNU y anular a UNEN
Algunas de las medidas que recomendaron para recuperar la autonomía de las universidades fueron «derogar la Ley 89 y su reforma, la Ley 1114, para que la organización universitaria cree una ley más democrática, disolver el CNU y al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y fundar nuevos órganos democráticos que los sustituyan, disolver mediante una ley para la reforma política a todas las organizaciones que contribuyeron a la erosión de la autonomía, como la Unión de Nacional Estudiantes de Nicaragua (UNEN), responsable, además, de persecución, hostigamiento y vigilancia contra estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades confiscadas».
Además, propone que en ese nuevo escenario se debe «cesar a las autoridades superiores de las universidades públicas que participaron de la represión de los estudiantes».
El documento concluyó que se tiene que realizar «una comisión de la verdad o de esclarecimiento histórico será la instancia que deberá establecer la responsabilidad y a los responsables que en las universidades hayan ejecutados delitos contra las garantías constitucionales».
Las universidades clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega
Desde el 2018, la administración Ortega y Murillo ha cancelado más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, entre ellas 30 universidades. La dictadura orteguista ha perseguido y destruido miles de organizaciones autónomas que expresaron alguna queja sobre manejo dictatorial y abusivo del poder, lo que aniquiló la autonomía en el país.
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Durante las protestas cívicas, la mayoría de participantes fueron estudiantes universitarios los cuales conocían sus derechos y que se debían de respetar. A raíz de esta reacción, el régimen cazó a los que participaron en las protestas en las universidades públicas y, como las universidades privadas podían mantener una ideología crítica, el gobierno cerró estas instituciones para reducir la voz independiente.
