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Educación en Nicaragua está «bajo ataque», régimen impone «adoctrinamiento político y partidario»

El 24 de enero la comunidad académica celebra el Día Internacional de la Educación. Sin embargo, la formación de profesionales en Nicaragua se ha visto comprometida por el régimen orteguista, el cual busca eliminar el pensamiento crítico y la autonomía universitaria. Por lo tanto, la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen) compartió un … Continuar leyendo
Por Artículo 66 enero 25, 2024
Ipen demanda la libertad de los estudiantes universitarios encarcelados por el régimen y clama que la educación en Nicaragua está «bajo ataque»
Ipen demanda la libertad de los estudiantes universitarios encarcelados por el régimen y clama que la educación en Nicaragua está «bajo ataque»

El 24 de enero la comunidad académica celebra el Día Internacional de la Educación. Sin embargo, la formación de profesionales en Nicaragua se ha visto comprometida por el régimen orteguista, el cual busca eliminar el pensamiento crítico y la autonomía universitaria. Por lo tanto, la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (Ipen) compartió un pronunciamiento sobre cómo «la educación en el país está bajo ataque».

En el comunicado, la agrupación menciona que «la denuncia de los ataques continuos del régimen autoritario en contra de la educación nicaragüense no ha parado». De acuerdo con el organismo, el régimen promueve el adoctrinamiento político y partidario en las instituciones educativas como también lo hace con la pérdida de la autonomía universitaria. Sin embargo, uno de los puntos que más destaca Ipen es «la confiscación de universidades privadas».

La entidad asume las acciones del orteguismo como un completo reflejo del «desprecio e irrespeto a la libertad académica» fomentado desde el Estado. A pesar de ello, la dictadura Ortega-Murillo ya acarrea agravios preexistentes como «la expulsión de estudiantes, encarcelamientos, despidos, persecución de la comunidad académica y asesinato de alumnos».

La agrupación expresó su «profunda preocupación» por los estudiantes que están encarcelados injustamente y demandó «su liberación inmediata». De igual manera, pidió la libertad del catedrático Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y considerado como uno de los principales maestros de periodistas y sociólogos del país.

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La organización realizó un llamado a la comunidad internacional, universidades del extranjero y organizaciones de todo el mundo para que se unan en apoyo a los estudiantes y académicos afectados por la crisis de Nicaragua. Entre algunas de las maneras de ayuda, la agrupación mencionó «flexibilizar los requisitos de ingreso a las universidades, la apertura de programas de becas, acceso a formación virtual y protección internacional».

Ipen recalcó que «la educación es un derecho fundamental, clave para el desarrollo personal y, sobre todo, una apertura para un cambio sociopolítico en pro de un país más democrático». «Por lo tanto, educar es uno de los mejores aportes que pueden brindarse a los estudiantes nicaragüenses, ya que el conocimiento ayudará a la construcción social sólida para una Nicaragua post dictadura orteguista», agregó.

La persecución de estudiantes y cierre de universidades

Desde abril de 2018, Nicaragua arrastra una crisis sociopolítica producto de la represión que los manifestantes sufrieron durante un levantamiento cívico. Un amplio número de esos participantes de las protestas correspondía a estudiantes universitarios que reconocieron las violaciones cometidas por el Estado en contra de la población-

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Sin embargo, una vez el régimen «aplanó» todo movimiento social después de ejecutar la «operación limpieza», muchos estudiantes regresaron a sus universidades, aunque no fueron bien recibidos. Múltiples participantes de las protestas denunciaron que, sin mayor explicación, perdieron el derecho de continuar su carrera universitaria.  

Algunas universidades privadas resistían y continuaban con su filosofía de apostar por pensamiento crítico entre su estudiantado. Pero, a partir de la creación de nuevas leyes y reformas de otras, la dictadura otorgó al Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior) la capacidad de cerrar esos centros de estudios bajo distintos argumentos como no presentación de reportes financieros o ser centros terroristas; aunque el objetivo era pasar la guillotina para controlar la educación.

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El 13 de septiembre de 2021, la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) fue clausurada bajo aprobación de la Asamblea Nacional. Desde esa fecha, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) contabilizó a 30 universidades cerradas, la última fue el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el 25 de septiembre de 2023. Algunas de las universidades cerradas fueron la Universidad Politécnica (UPOLI) y la Universidad Centroamericana (UCA).

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