Los parlamentarios de la Asamblea Nacional de Nicaragua, la cual está en su totalidad controlada por el régimen, aprobaron, en segunda legislatura, una reforma al artículo 138 de la Constitución Política, en la que el nombramiento de procurador y subprocurador para la defensa de los Derechos Humanos dejará de estar bajo los diputados.
En La Gaceta, Diario Oficial, del 22 de enero de 2024, el régimen oficializó la Ley No. 1188, Ley de Reforma Parcial al Artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. De acuerdo a la publicación, los miembros del Poder Legislativo aprobaron «la derogación del literal d), del numeral 9)» del artículo sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional».
El noveno numeral indica que «los parlamentarios pueden elegir, con el 60 % de los votos del total de los diputados, a distintas personas para cada cargo bajo el control del Poder Legislativo». A su vez, estos individuos son propuestos por el presidente de la República y por los diputados en consulta con las organizaciones civiles pertinentes.
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En el literal d), la Constitución establecía que «los parlamentarios eligen al procurador y subprocurador para la defensa de los derechos humanos». Sin embargo, con esta reforma, los miembros de la Asamblea Nacional ya no tendrán esa facultad.
Al no estar bajo el amparo de los diputados, el procurador y subprocurador para los derechos humanos ya no estarán regidos por las mismas regulaciones que, por ejemplo, los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República.
A partir de estos cambios, estos cargos podrán ser ocupados por funcionarios que tengan un parentesco con diputados o con el presidente de la República. A su vez, ya no estarán regidos bajo la regla de «no ser miembros de las juntas directivas nacionales, departamentales o municipales de los partidos políticos mientras ocupan el cargo».
El traspaso de poder a la Procuraduría General de la República
En su primera legislatura, llevada a cabo el 24 de noviembre de 2023, los diputados aprobaron, de manera unánime, la reforma al artículo 138 de la carta magna. Sin embargo, debido a los procesos especificados en la Constitución Política, la reforma debe ser aprobada en dos legislaturas.
A pesar de ello, ese mismo día, los miembros del Poder Legislativo autorizaron, igualmente de manera unánime, la Ley No. 1174, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Este nuevo organismo está adscrito a la Procuraduría General de la República, la cual, desde antes de la oficialización de la reforma al artículo 138, ya tenía la capacidad de nombrar al procurador y subprocurador para la defensa de los derechos humanos. De igual manera, la Procuraduría General de la República es considerada como uno de los mayores brazos represores del régimen en el ámbito jurídico y legal.
Después de casi dos meses, la Asamblea Nacional se «desliga» de la elección del procurador y subprocurador de los derechos humanos, proceso el cual pasa a la PGR.
