Han pasado 15 días desde que la dictadura Ortega-Murillo inició una cacería contra el clero católico nicaragüense, que hasta ahora deja 17 sacerdotes en situación de «desaparición forzada», incluyendo un obispo y tres seminaristas, de los que se desconoce su paradero y aún no se formula ningún tipo de acusación. «Están desaparecidos», denuncian defensores de derechos humanos.
El régimen Ortega-Murillo continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad al desaparecer de forma forzada a los sacerdotes, señala la defensora de presos políticos Yonarqui Martínez.
«No se tiene una información exacta de dónde es que están ubicados (los sacerdotes secuestrados), lo que tenemos son presunciones, porque los familiares han estado viendo a los diferentes centros de detención, al Distrito Tres, al Nuevo Chipote, al Sistema Penitenciario Nacional (La Modelo), El Sistema La Esperanza (para mujeres), sin embargo, no les han dado información», declaró la defensora de presos políticos.
«Hay una desaparición forzosa y quiero dejar claro que no solo son los detenidos de la última semana (sacerdotes) de los que no tienen información los familiares, también hay detenidos de antes del 20 de diciembre, hombres y mujeres, de las cuales no se tiene ningún tipo de información de su paradero», especificó la abogada Martínez, consultada por Artículo 66.
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La defensora de derechos humanos independiente confirmó que hasta la fecha no existe en el sistema informático del Poder Judicial, conocido como Nicarao, ninguna acusación formal contra los 17 religiosos secuestrados a partir del 20 de diciembre, y dado que tampoco el régimen ha informado sobre su paradero, en términos legales se consideran en desaparición forzada, lo que constituye un delito de lesa humanidad.
La abogada advirtió que muchos de los «desaparecidos» son personas que necesitan medicación por padecimientos de salud por lo tanto, sus vidas pueden estar en serio peligro.
«La preocupación es grande, porque algunos de los detenidos son personas que necesitan atención médica y medicamentos y no queremos que pase lo que ha ocurrido con casos anteriores de presos políticos que llegan hasta el deceso por la falta de atención (médica) oportuna, hay alerta y alarma por la vida e integridad de los que están desaparecidos hasta el día de hoy», reiteró la abogada.
Martínez recordó que brindar información sobre el paradero de los detenidos e informar sobre los motivos de su detención es un derecho humano y una obligación del Estado.
Asimismo, denunció que hay varios detenidos del mes de diciembre, que no son sacerdotes y de los cuales los familiares han decidido no hacer público con la esperanza de que reciban su libertad.
CALIDH pide a episcopados del mundo abogar por libertad de sacerdotes
Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), se declaró preocupado por la situación de desaparición forzada que están sufriendo los sacerdotes nicaragüenses secuestrados por la Policía orteguista durante el mes de diciembre.
Por tal razón, envió cartas a las Conferencias Episcopales de América Latina, España y Portugal, para pedirles que actúen con «contundencia oportuna» ante la difícil situación de persecución que vive la Iglesia católica de Nicaragua.
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CALIDH denuncia ante la Iglesia católica mundial que Nicaragua está viviendo el peor momento de su historia reciente desde el retorno de la democracia en 1990 debido a que el Estado ha desatado «una ola sistemática y generalizada de violencia contra la población nicaragüense, agresión que ha sido calificada como crímenes de lesa humanidad».
«Los hermanos católicos y sus ministros están atravesando una persecución que no tiene antecedentes en la historia del país. La persecución religiosa, que también es un crimen de lesa humanidad, en arreglo con el derecho internacional, es cada vez más agresiva e indiscriminada», alerta el organismo defensor.
«Hay desaparición forzada», dice CALIDH
En tanto, el director ejecutivo de CALIDH, el abogado nicaragüense exiliado en Argentina, Danny Ramírez, confirma que, efectivamente, la situación de los 16 sacerdotes, incluyendo al obispo de Siuna es una «desaparición forzada» a manos del régimen Ortega-Murillo.
«No tenemos información respecto de algún procedimiento judicial abierto o de alguna oposición interpuesta contra los religiosos», señaló el abogado.
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Recordó que, aunque el Gobierno de Nicaragua reformó la Ley Penal para ampliar el periodo de investigación a 90 días, de todas formas, los ciudadanos capturados deben ser presentados ante un juez competente para que dicte esa ampliación de término, cosa que no ha ocurrido en el caso de los sacerdotes.
«En Nicaragua no podemos hablar de leyes, ya no podemos hablar de cumplimiento de leyes porque es una dictadura que ya actúa al margen incluso de la propia legalidad o de las propias leyes que ellos aprobaron», señaló el abogado.