El régimen de Daniel Ortega volvió a mostrar fotografías de supuestos chequeos médicos del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, encarcelado por la dictadura sandinista desde hace 500 días.
Según las publicaciones de los medios de la propaganda gubernamental, esta visita se realizó este martes, 02 de enero de 2024, y ocurre un día después del mensaje del papa Francisco, en el que pidió orar por los obispos y sacerdotes encarcelados en Nicaragua y volvió a llamar al diálogo.
En la visita también aparece el comisionado general de la Policía, Luis Barrantes, quien funge como segundo jefe de la institución represiva. Este hecho es inusual, porque nunca se había visto a un alto jefe policial visitando a un prisionero.
Esta es la tercera vez que la dictadura difunde fotografías del jerarca católico, quien fue encarcelado en agosto de 2022. Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión, bajo los supuestos delitos de traición a la patricia y ciberdelitos.
Desde su condena en febrero de 2023, justo un día después de que Álvarez se rehusara a aceptar el destierro, el obispo ha sido visitado por sus hermanos en cuatro ocasiones, según ha difundido la misma dictadura sandinista a través de fotos y videos.
Álvarez es una de las voces más potentes de la iglesia católica que criticó el autoritarismo y la violación de derechos humanos por parte del régimen de Ortega y Murillo, y se ha convertido en uno de los prisioneros de mayor peso para la tiranía que oprime a Nicaragua desde el 10 de enero de 2007.
La Policía allanó la curia de Matagalpa en la madrugada del 19 de agosto de 2022 y se llevó al obispo Álvarez y a siete de sus cercanos colaboradores. Desde esa fecha, el jerarca católico fue recluido bajo el régimen de prisión domiciliar, y a los sacerdotes que lo acompañaban los encerraron en la prisión policial de El Chipote. Álvarez, sin embargo, fue llevado al penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, el nueve de febrero de 2023, mientras que a sus compañeros de la Diócesis los expulsaron en un avión con rumbo a Washington, Estados Unidos, en un grupo de 222 prisioneros, que horas más tarde fueron despojados de su nacionalidad.
El régimen de Daniel Ortega ha emprendido una feroz persecución contra la iglesia católica desde el 2018, tras el estallido social que provocó un levantamiento popular, sobre todo de jóvenes, estudiantes y pobladores de barrios y departamentos de todo el país.
Después de esos hecho, la dictadura emprendió una represión armada indiscriminada que acabó con al menos 355 nicaragüenses asesinados. Los sacerdotes y obispos católicos se ubicaron del lado de la población civil, llamaron al gobierno a cesar los crímenes del Estado y dieron acogida a los heridos que huían de las balas.
En mayo de 2018, Ortega, sin embargo, pidió a la Conferencia Episcopal que convocara a un diálogo nacional, al que acudió para ganar tiempo. Aunque firmó algunos compromisos, el dictador sandinista no cumplió uno solo de los puntos acordados y más bien, ese tiempo le sirvió para desatar una cacería brutal contra los líderes locales y nacionales, hasta que en mayo de 2021 terminó encarcelando a todos las figuras de la oposición que habían participado en aquella mesa convocada por los obispos.
Incluso, durante esos días de rebelión cívica, la propaganda sandinista defendía que el tirano Ortega y su esposa, la vicedictadora, Rosario Murillo, debían cumplir el periodo para el que «fueron electos», que implicaba llegar hasta las elecciones de 2021 y permitir ahí el cambio político. Ortega, no obstante, volvió a preparar todo el terreno para enquistarse en el poder, y evitar a toda costa tener contendientes que pusieran en riesgo su triunfo.
En mayo de 2021, además de encarcelar a los opositores, también se lanzó a encarcelar a siete de los aspirantes presidenciales con mayores posibilidades de disputarle la silla presidencial.
En paralelo, Ortega y Murillo atizaron una campaña feroz de odio contra los obispos y sacerdotes católicos a quienes acusaba de «golpistas», «asesinos», «tranqueros» y hasta «representantes del demonio».
Además de una decena de sacerdotes que fueron desterrados en el grupo de 222 nicaragüenses, el nueve de febrero, otros 12 sacerdotes que estaban en las prisiones sandinistas fueron desterrados a Roma, el pasado 18 de octubre, según lo informó la misma dictadura de Ortega a través de un comunicado.
Más tarde, ya en víspera de las fiestas de Navidad de 2023, Ortega emprendió otra cacería contra religiosos católicos. El primer secuestrado en esta nueva arremetida fue el obispo de la Diócesis de Siuna, Isidoro Mora; le siguieron otros sacerdotes de Managua y otros departamentos. En total, al menos 14 nuevos religiosos fueron encerrados y permanecen desaparecidos por el régimen sandinista, en lo que al parecer obedece a un intento de gobierno rojinegro por forzar una negociación con el Vaticano para nombrar a obispos afines a la dictadura al frente de las diócesis administradas por los prisioneros, o para suplir las vacantes que dejarían los obispos que en los próximos meses cumplirán 75 años y deberán someter su renuncia ante al papa Francisco.