a vicedictadora de Nicaragua y vocera gubernamental, Rosario Murillo, anunció el próximo ascenso a comisionado general a 19 jefes de la Policía, una institución que opera bajó las órdenes del régimen.
La también primera dama informó sobre la graduación como «licenciados en ciencias policiales» de 34 nuevos agentes de las fuerzas represoras, lo que se llevará a cabo durante un acto que se celebrará en la recién fundada Universidad Policial Leonel Rugama.
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Durante su comparecencia diaria a través de los medios de la propaganda oficialista, Murillo dijo que mañana miércoles, 20 de diciembre, serán ascendidos al grado de comisionados generales 19 oficiales de la Policía, entre ellos 10 mujeres y 9 hombres
En el acto de ascenso estará presente el dictador Daniel Ortega, para lo cual ya firmó el Acuerdo Presidencial 191-2023.
Tras el encarcelamiento de los diputados del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) la adopción de «medidas provisionales» a favor de ambos parlamentarios nicaragüenses, actuales presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el organismo continental, «estas personas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos». La CIDH ya otorgó a los diputados Rivera y Henríquez medidas cautelares de protección porque considera que «los derechos de estas personas se encuentran en una situación de riesgo extremo».
«La situación de las personas beneficiarias se enmarca en un contexto de persecución contra toda forma de oposición o manifestaciones críticas al actuar del gobierno de Nicaragua. Así como de persecución hacia el partido político Yatama para hostigar a las personas que son parte de este, criminalizarlas, y retirarlas del espacio político», explica el organismo.
Con la captura y acusación, por parte de la Policía orteguista, por presunto lavado de activos contra un grupo de evangélicos de «Puerta de la Montaña», la dictadura de Nicaragua pone en evidencia que han extendido la persecución religiosa a la iglesia protestante, imponiendo el terror contra los ciudadanos de fe, sobre todo porque muchos grupos cristianos «simpatizan con la causa azul y blanco», aseguran opositores y defensores de derechos humanos.
La Policía al servicio de la dictadura orteguista capturó el 18 de diciembre a 11 misioneros evangélicos aunque busca a 14. Los tres restantes son ciudadanos estadounidenses que están en calidad de «prófugos de la justicia».
El dirigente político de la oposición y exreo político desterrado por el régimen, Juan Sebastián Chamorro, se solidarizó con los religiosos secuestrados por el régimen e hizo notar que, si bien es cierto que la persecución religiosa ejecutada por la dictadura ha estado concentrada principalmente contra de la Iglesia católica, ahora «también los hermanos evangélicos han sufrido acoso y persecución como lo estamos viendo el día de hoy».
Chamorro destacó que, aunque el régimen ha tratado de hacerse ver como promotor de actividades religiosas trayendo al país a «charlatanes que se han querido congraciarse con el dictador», esos personajes «no representan el inmenso sentir de la mayoría del pueblo evangélico, que también está con la causa azul y blanco».
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El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) envió una carta al papa Francisco pidiéndole «interceder con fuerza contundente por monseñor Rolando Álvarez», quien se encuentra encarcelado por supuesta «traición a la patria». El mensaje fue enviado el 18 de diciembre de 2023 a través de las nunciaturas apostólicas en Buenos Aires, Argentina; y San José, Costa Rica; respectivamente.
La carta fue posteriormente compartida en la cuenta de X de Calidh y menciona que «esta demolición de la libertad religiosa en Nicaragua que actualmente sufren los profesantes de la Iglesia católica y la feligresía evangélica no tiene precedentes».
El organismo comentó que «la prohibición de ritos y procesiones, como también la restricción de la expresión de la fe católica en el país es inexpresable». Agregó que «es sobre todo preocupante que, en un Estado en el cual su Constitución garantiza la libertad de credos y la prohibición de interferencias abusivas de las autoridades, se sufran de estas agresiones de manera regular».
