El Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca Más conmemoró el Día Internacional de la Persona Migrante y destacó que, a septiembre de 2023, son 642,397 nicaragüenses que tuvieron que migrar al extranjero después de la crisis sociopolítica que se vive en el país desde abril del 2018.
En un comunicado publicado este 18 de diciembre del 2023, la organización destacó que «desde hace cinco años, Nicaragua vive un estado de ilegalidad, en el cual agentes estatales y paraestatales cuentan con una total impunidad para la comisión de crímenes de lesa humanidad y otro tipo de violaciones a los derechos humanos». El Colectivo consideró que «esta situación donde se permite la represión generó la inexistencia de la democracia, las libertades y, en general, un deterioro económico del país».
La entidad defensora de derechos humanos declaró que «es por esto que, a septiembre de 2023, ya son más de 640 mil nicaragüenses que se vieron obligados a abandonar el país». Añadió que «según estimaciones, al cierre de este año, esta cifra podría alcanzar las 804 mil personas que abandonan Nicaragua, es decir, un 11.34% de nicaragüenses, el mayor número de migrantes forzados en el país».
El grupo mencionó que «estos movimientos tienen como consecuencia la ruptura de familias, estigmatización, discriminación, falta de empleo y, en general, condiciones que atentan constantemente contra la integridad física, psíquica y moral, su vida, salud y la vigencia real de los derechos de los migrantes».
La organización recordó a los opositores al régimen que se encuentran en el exilio y detalló que «su condición está antecedida por un esquema de persecución, estigmatización, criminalización y despojo inconstitucional de sus derechos en su país de origen».
A su vez, comentó que «en Nicaragua las personas opositoras, defensoras de los derechos humanos o que disiden del Gobierno son catalogadas como ‘golpistas’ o ‘terroristas’, muchos de ellos sufrieron la anulación de sus derechos al, por ejemplo, privarles la atención médica de calidad, la educación, el trabajo, la libre circulación u otros»; agregó que «también sus familiares se ven afectados».
El escrito explica que «un número importante de personas exiliadas sufrieron un desplazamiento forzado interno, lo que aumentó su vulnerabilidad, y, posteriormente, se vieron obligados a abandonar el país por puntos irregulares de migración, los cuales destacan por su peligrosidad por la delincuencia común o el crimen organizado de otros países».
El Colectivo Nicaragua Nunca Más destacó que «este desplazamiento forzoso afecta en especial a la población de la tercera edad, mujeres, población indígena y afrodescendiente; quienes se ven expuestos a un sistema de discriminación histórica, estereotipos de género o prejuicios sumados a la violencia estatal de la que escapan».
Posteriormente, la organización enumeró los distintos tipos de organismos de la sociedad civil que fueron cerrados por el gobierno. Mencionó que «la confiscación y cierre de, al menos, 56 espacios y medios de comunicación, como también la cancelación ilegal de más de 3,552 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)» se juntan con «una política estatal de tortura y los ataques a la Iglesia católica sus feligreses» para ser «factores determinantes el exilio de centenares de periodistas y defensores de derechos humanos».
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El grupo detalló que «son al menos 225 periodistas, 170 defensoras de los derechos de la mujer y 317 personas que perdieron su nacionalidad por decisión del gobierno, 315 de ellas se encuentran en el extranjero».
El Colectivo expresó que «quiere alertar de un nuevo método de represión, como lo es la apatridia de facto, derivada de la negativa de no dejar entrar a los nicaragüenses a su país, por ser personas ‘traidoras al gobierno’ o por tener algún tipo de relación con los miembros de la oposición». La apatridia es la condición en donde una persona no tiene una nacionalidad con la cual identificarse, por lo que no tiene ningún registro legal o una identificación propia.
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El organismo agregó que «este patrón se le debe sumar a quienes se les arrebató su pasaporte por funcionarios del Estado o fuerzas represivas del régimen, lo que los deja indocumentados y sin ningún gobierno que los proteja». Consideró que «la apatridia de facto es la nueva forma de represión que genera graves violaciones a derechos humanos, fuerza el exilio y anula casi toda la personalidad jurídica de quienes la sufren».
Sin embargo, detalló que «aún con estas violaciones reiteradas, las personas en el exilio han apostado por la resiliencia como forma de resistencia ante la dictadura; han formado nuevas organizaciones, medios de comunicación y emprendimientos en el exilio para la subsistencia». «A pesar de ello, los nicaragüenses exiliados sufren obstáculos para acceder a empleos formales, a la salud, a la educación y otros elementos de una vida digna», agregó.
La organización expresó su preocupación sobre «los retrocesos en materia migratoria en Costa Rica con respecto a los ciudadanos de Nicaragua solicitantes de refugio, lo que agrava su situación en este país centroamericano, uno de los principales destinos para los nicaragüenses migrantes».
Nicaragua Nunca Más dijo que «en el Día Internacional de la Persona Migrante, hacemos un llamado a la comunidad internacional para incrementar los apoyos a los países que reciben nicaragüenses y a los exiliados, para facilitar su integración social y económica en estas naciones de acogida; a su vez de tener permiso de denunciar libremente a la dictadura de Ortega y Murillo».
El comunicado concluye que «solicitamos que se continúe la realización de gestiones para exigir el cese de la represión, destierro y desplazamiento forzado que destruye familias, proyectos de vida y el cual somete a Nicaragua a una constante situación de graves violaciones a derechos humanos». Por último, dijo que «exigimos por la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua».
La crisis sociopolitica de Nicaragua
El 18 de abril del 2018, estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en defensa de distintos derechos humanos. Con fuerzas paramilitares, policías y agentes del gobierno, desataron una represión desmedida en la que hasta dispararon a matar. Distintos miembros de la oposición se vieron obligados a abandonar el país para resguardar su vida y seguridad y los que se quedaron, la mayoría terminó encarcelada.
Sin embargo, la mayoría de presos políticos logró su libertad en Estados Unidos, pero a cambio sufrieron el destierro. Posteriormente, les eliminaron su nacionalidad, junto a periodistas u opositores que ya estaban en el exilio y unos pocos que no abandonaron el país.
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El Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más originalmente se conformó por 7 extrabajadores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización que perdió su personalidad jurídica el 12 de diciembre de 2018. A inicios del 2019, se reunieron y formaron este colectivo para defender los derechos humanos, aunque sea en el exilio.