Este 2023, la Iglesia Católica nicaragüense sufrió más ataques gubernamentales de los que pudo haber sufrido en los años 80, en medio de la llamada «década oscura», desatada por Daniel Ortega, mismo verdugo que ahora asedia, confisca, expulsa y encarcela a cualquier miembro de la entidad religiosa.
El régimen procesó a sacerdotes por supuestamente cometer delitos comunes y políticos, como violación a menores, violencia contra la mujer, lavado de dinero y traición a la patria. Inclusive, en mayo de este año, la dictadura orteguista les congeló las cuentas bancarias a todas las diócesis del país.
La abogada e investigadora de temas religiosos Martha Patricia Molina destacó que la represión que la Iglesia sufrió este año, no se compara con la de meses posteriores al estallido social de abril de 2018, cuando el régimen declaró la guerra de forma directa a la iglesia, tal como lo expuso en su estudio «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?».
Terror contra la fe
La investigación de Molina contabilizó 667 ataques a la Iglesia en el período de abril de 2018 hasta agosto de 2023. Entre estos destacan el destierro a Estados Unidos y la desnacionalización de cuatro sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico, todos de la Diócesis de Matagalpa, cuyo Obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue condenado un día después de la expulsión de sus colaboradores a 26 años y cuatro meses de cárcel.
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«76 religiosas y seis religiosos han sido expulsados, a 23 religiosos y siete religiosas se les ha prohibido la entrada al país y 31 religiosos se han exiliado porque si permanecían en el país, su vida estaba en peligro», agrega el informe.
El estudio de Molina dio a conocer que, en ese periodo, en solo la Arquidiócesis de Managua, conformada por 114 parroquias, fue víctima de 242 ataques. En segundo lugar, se ubica a la Diócesis de Matagalpa, integrada por 28 parroquias con 144 hostilidades.
La oleada de represión también incluye la prohibición de 3,176 procesiones, que fueron canceladas en Semana Santa de este año. El régimen además ordenó prohibir las manifestaciones religiosas en las calles en homenaje a las festividades patronales de los diferentes municipios, lo que causó que los feligreses sólo expresaran su fe dentro de los templos.
Más sacerdotes desterrados
El pasado 18 de octubre desterró a Roma a los sacerdotes: Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén y Julio Ricardo Norori Jiménez.
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Así como a los clérigos: Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes.
Los religiosos habían sido encarcelados arbitrariamente y permanecieron varios meses en la cárcel, tras ser procesados por delitos comunes y políticos. Algunos ya tenían condenas de más de cinco años de cárcel, un suceso que ni siquiera ocurrió con la dictadura de la familia Somoza.
Se hacen de un buen botín
En su intento por sepultar todas las formas de manifestación religiosa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a cancelar la personería jurídica de 342 organismos de índole religiosa, entre el año 2019 hasta noviembre de este 2023, según datos del informe «Ataques a la Libertad Religiosa con énfasis en la Comunidad Católica de Nicaragua», del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El organismo especificó que, de este total, 256 son organizaciones evangélicas, 43 son católicas y 43 de otras creencias. El régimen se quedó con los bienes después de las ilegalizaciones.
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¿Qué le espera a la iglesia en 2024?
El país vive un desalentador panorama en el ámbito de la libertad religiosa que ha empeorado en los últimos cinco años. La abogada Molina no es optimista al respecto, ya que pronostica que en el 2024 tampoco le irá bien a la Iglesia Católica y sus miembros.
«Las perspectivas para la iglesia Católica de Nicaragua son de mayor represión y profundización de la persecución, hasta llegar a un nivel de desaparición de la iglesia», lamentó Molina.
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La investigadora sostiene este planteamiento basado en cuatro realidades. «La primera es que hay orden expresa en (la dirección de) Migración de no dejar entrar a ningún religioso al país. El otro es la prohibición de las procesiones», puntualizó.
Agregó que la otra realidad es «la permanencia de un Obispo en prisión condenado a más de 26 años de cárcel, un Obispo en el exilio y por una Conferencia Episcopal silenciada y con miedo».
La experta exalta el papel fundamental de la iglesia Católica en Nicaragua que defendió con altos costos, los derechos humanos de los nicaragüenses en un contexto de deterioro severo de las libertades públicas e individuales.