Marvin Alemán cumplió 16 años el 22 de julio de 2021. Ese mismo año votaría por primera vez en unas elecciones generales. Seis años antes, en 2016, acompañó a su abuela a votar y volvió entusiasmado con la idea. No contaba, como ningún otro poblador en el país, con el estallido sociopolítico del 2018, y menos con la forma en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «manosea» el sistema electoral en Nicaragua.
«Nos roban el voto», expresó Alemán, quien no pudo votar. Desde el regreso del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al poder, en 2007, el país solo ha tenido elecciones «truqueadas», y la oleada de secuestros y encarcelamientos que el régimen desató contra los otros candidatos electorales, en noviembre de 2021.
Hace dos años, cuando Alemán ya estaba apto para votar, Ortega era el único candidato de los comicios. El dictador llegó a las urnas sin competencia porque él mismo ordenó arrestar a todo aquel competidor y anular a cualquier organización política no afiliada al gobierno. Cabe destacar que Ortega ha sido el único candidato propuesto por el FSLN desde 1984, cuando este pasó de ser una organización militar a un partido político.
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«Nicaragua es el país del voto robado», comenta el joven, que este diciembre hace maletas para irse del país porque asegura que no ve futuro para las personas que quieren profesionalizarse. «Hace un par de años estaba ‘de moda’ irse del país, ahora es la única opción. No hay oportunidades de estudio, ni de trabajo», lamenta.
De libertador a secuestrador
Los nicaragüenses echaron a Ortega del país en 1990, cuando colapsó la economía, destruyó sus riquezas y Nicaragua se dividió en una guerra inútil con miles de muertos. Daniel Ortega gobernaba desde 1979, primero como coordinador de una Junta de Gobierno político-militar, y luego desde 1984 en adelante, como presidente, electo en otros comicios hechos a su medida, con fraudes y ya, bajo una primera dictadura rojinegra.
En 2007 retornó al poder tras sacarle ventaja a sus opositores en las elecciones generales de 2006, después de un pacto político con el mandatario saliente Arnoldo Alemán, que significó el comienzo de una demolición de la institucionalidad del país. Alemán y Ortega se repartieron los poderes del Estado y desde entonces, las decisiones institucionales comenzaron a ser tomadas según los intereses de los caudillos. Con el poder en sus manos, Ortega anuló a su socio liberal y se quedó con todo «el botín».
A partir de esa fecha, cada proceso electoral que se realiza en el país está siempre marcado por irregularidades, denuncias de fraudes, acusaciones de manipulación de resultados y violaciones frecuentes a la ley electoral. Los resultados, faltos de imparcialidad y transparencia, preocuparon a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el bloque de países que integran la Unión Europea (UE).
Esto no solamente significó el debilitamiento de la democracia en Nicaragua, también provocó que la mayoría de los ciudadanos no pudiesen ser partícipes de un cambio político. En el país se han realizado, desde 1990, al menos 15 elecciones, de las cuales siete son presidenciales y ocho municipales, además de las elecciones regionales llevadas a cabo en la Costa Caribe.
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Votaciones, no elecciones
Jairo, de 53 años, es un exmiembro del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Gran parte de su vida simpatizó con las organizaciones liberales destacadas del país. Actualmente, se encuentra alejado de la política por miedo a la feroz represión contra los opositores. El hombre, que alguna vez fue fiscal de mesa de votación, opina que los «comicios recientes no son confiables» y que tienen «un desencanto total».
«Una cosa es que te lo cuenten y otra que lo mirés. Yo vi cómo se robaban los votos descaradamente. El Frente Sandinista nunca ha ganado una elección sino es robándose los votos», acusa.
José Peraza, un politólogo y promotor de reformas electorales, afirma que «el sistema electoral de Nicaragua colapsó en 2011» y que desde 2008, los comicios municipales ya mostraban «los primeros malos síntomas». «Lo que pasó ese año fue una alerta importante porque hubo un fraude electoral», asegura.
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Agrega que «las elecciones presidenciales del 2011 marcaron una inflexión» y que «el deterioro del sistema electoral había venido desde el 2000 con la ‘bipartidización’ y se fue profundizando hasta el 2006. Las deficiencias graves se evidenciaron en 2008 y luego fue el colapso en 2011», explica.
Para este experto, los resultados de las elecciones presidenciales de 2016 y 2021 son una consecuencia de lo dañado que se encuentra el sistema electoral del país. «El sistema debió cambiar, pero más bien empeoró», señala Peraza.
El pueblo vota a la abstención
La estudiante universitaria Carmen ha votado en tres elecciones, dos municipales, en 2012 y 2017; y en una presidencial de 2016, en la cual participaron seis partidos políticos, sin observadores, y un Consejo Supremo Electoral (CSE) parcializado, donde era previsible que Ortega obtuviera un tercer mandato consecutivo.
En las votaciones presidenciales de 2021, Carmen no salió a ejercer su derecho al voto y argumentó su rechazo a las acciones represivas contra los jóvenes y voces disidentes en el país desde el 2018. «¿Para qué iba a votar si ya sabíamos cuáles eran los resultados? Sería torpe creer que respetarían el voto, vivimos en una dictadura», agrega en tono molesto al indicar que ya no tiene importancia, ni consecuencia votar o no votar en Nicaragua con el actual sistema.
De acuerdo a Peraza, la abstención en elecciones es una clara expresión de que la ciudadanía no tiene confianza en el sistema electoral. La organización Urnas Abiertas calculó que la abstención en las últimas elecciones generales fue de un 81.5%, y, aun así, Ortega ejerce un cuarto mandato al que llegó con siete aspirantes presidenciales en sus cárceles.
Otro ciudadano, que pide que lo llamen Humberto, opina de manera similar que Carmen. «A mí me tocó votar en el colegio Benjamín Zeledón y no voté por ninguno de los partidos. Yo escribí en la boleta ‘viva Nicaragua libre’. porque, de todas maneras, esas elecciones eran una farsa».
De acuerdo a datos del CSE, en noviembre de 2021 hubo un total de 2,916,505 votos, de los cuales al FSLN se le atribuyó 2,033,231. Para esta elección estaban registrados un total de 4,478,334 votantes. El abstencionismo en esos comicios es considerado por los opositores como histórico.
Un país que no tiene partidos políticos
Peraza, quien también fue apresado, enjuiciado y desterrado del país, asegura que el sistema electoral nicaragüense fracasó. «Nicaragua no tiene partidos políticos. Lo que hay en la Asamblea Nacional son ‘partidos satélites’, que no tienen ninguna capacidad para ascender al poder y que lo único que hacen es tratar de darle alguna legitimidad al juego político que hace mucho tiempo perdieron», manifestó el politólogo nicaragüense.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano (CCN), Alianza por la República, (Apre), y el Partido Liberal Independiente (PLI) y el FSLN funcionan como una «gran alianza» con un solo ganador: Daniel Ortega.
Sus participaciones en los comicios que organiza el régimen son incondicionales y sin garantías, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, encarcelamiento de líderes opositores, represión contra los partidos políticos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación.
«Esos partidos nunca han sido demócratas y, por tanto, no han traicionado nada, porque nunca han aportado nada. La ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de ejercer el voto desde el 2016. La única posibilidad la tuvo en el 2011, la tuvo con dificultad porque los resultados fueron alterados de manera flagrante», enfatiza Peraza.
En la última elección en la cual se reeligió Ortega, por cuarto mandato consecutivo, participaron solo seis partidos políticos de nueve que participarían, ya que el régimen canceló antes de las elecciones la personalidad jurídica a los partidos opositores CxL, el PRD y PC. Posteriormente, el partido Camino Cristiano (CCN) fue despojado de su personalidad jurídica tras cuestionar los resultados electorales.
«Yo no veo que los jóvenes rechacen las elecciones, todo lo contrario, ellos rechazan el sistema que no da la oportunidad de hacer un cambio porque el que vaya en esas condiciones, las que hay en este momento, lo que hará es justificar y validar un proceso electoral que no tiene ninguna garantía, ni legitimidad», explicó el politólogo.
Asimismo, acentúa que «una transición de la dictadura a la democracia requiere de una total transformación de ese Consejo Supremo Electoral y de la participación de la oposición en la definición de las reglas para entrar a un proceso electoral serio. No hay otra forma», asegura.
Por Voces Unidas.
