La Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves 30 de noviembre, una nueva iniciativa llamada oficialmente Ley de Reformas y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley 582, Ley General de la Educación. Con estos nuevos cambios, aprobados por 91 diputados, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) tendrá un poder total para nombrar a rectores, vicerrectores y secretarios de las universidades públicas del país.
La reforma también implica la disolución de agrupaciones internas como la Asamblea General Universitaria, el Consejo de Facultad y el Consejo Universitario, debido a que en el artículo cuarto de la nueva ley reformada, se autorizó la derogación de los artículos 16, 29 y 30. En su lugar, se creó el Consejo de Dirección que se encargará de enviar propuestas al CNU como «el nombramientos de autoridades en todos los niveles, el presupuesto general de gastos e ingresos de la universidad, la creación, modificación o supresión de carreras y los planes de estudio».
Otro cambio que destacó entre este «aplastamiento» a la autonomía universitaria fue la abolición completa de los decanos, quienes representaban la «máxima autoridad académica y ejecutiva de la respectiva facultad» y la representaban «en sus relaciones con las otras autoridades y los particulares», según el artículo 34 de la Ley 89, aprobada en 1990. Ahora, el régimen impuso a los «Directores por área de conocimiento», que además de atender las mismas obligaciones que los decanos, «deberán cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Dirección».
En la Ley 89 estaban establecidos los mecanismos para la selección de rectores, vicerrectores, decanos y directores de carrera. Todos eran por elección, pero ahora serán designados a dedo y según los mandatos del Ejecutivo.
De abajo hasta arriba, todos estos puestos tendrán únicamente la venia de Ortega, porque en realidad el control absoluto lo tiene un trío que dirigirá el CNU, compuesto por el presidente, el vicepresidente y un director (este último sustituye el cargo de Secretario Técnico). Todos «serán nombrados por la Presidencia de la República por un periodo de 5 años», establece el nuevo artículo 56 de la reforma de la Ley 89.
6% Constitucional aniquilado de facto
Con relación al tema presupuestario, la dictadura no se arriesgó a eliminar ni reformar el artículo 125 de la Constitución que otorga un 6% del Presupuesto General de la República a las instituciones de educación superior, como sí lo hizo anulando el 4%, también constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Pero aunque Ortega deja «vivo», por ahora, ese precepto constitucional, todo hace indicar que de facto, sí matará el presupuesto establecido para las universidades y les entregará lo que quiera, por que ahora deberá ser «aprobado» por el Ejecutivo.
Esa nueva voluntad de Ortega queda claro en el inciso 12 del nuevo artículo 58 de la ley 89 reformada. Esa disposición establece como una de las funciones del CNU —que designará Ortega— «Proponer para su aprobación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCR) el presupuesto para el CNU y las universidades referidas en el artículo 57».
En la misma reforma, el tirano sandinista también se muestra «estricto» con las partidas que le asignará a las universidades, por lo que parece interesado en controlar, ahora por ley, el funcionamiento financiera y restringir el «festín» que se ha registrado en las universidades públicas por décadas.
La política aprobada para la distribución de fondos deberá contener al menos: «indicación de las modalidades de estudio, detalle de la relación proporcional entre los gastos para la labor docente, el presupuesto per cápita por estudiante y la base de cálculo de la asignación para cada universidad y el monto que corresponda de asignación al CNU».
La aprobación y presentación de las reformas y adiciones a la Ley 89 y la Ley 582 se realizaron el pasado 30 de noviembre y entrarán en vigencia una vez que sean publicadas en La Gaceta, Diario Oficial.
