Los más de 91 presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan sufriendo las arbitrariedades cometidas contra ellos por el aparato de justicia controlado totalmente por los tiranos, que los somete a juicios sin ninguna garantía procesal, sin respeto a la ley y ni siquiera les reconocen el derecho a tener un defensor de su elección.
En el más reciente informe sobre la situación de los reos de conciencia en Nicaragua, del Mecanismo Para el Reconocimiento de Las Personas Presas Políticas, se detalla que, en el país permanecen encarcelados 81 personas relacionadas con la situación política derivada de la insurrección cívica de abril de 2018, además, hay 10 reos de conciencia previos a esa fecha. En total se contabilizan 91 encarcelados por razones políticas.
El Mecanismo advierte que todos los presos políticos continúan siendo víctimas de maltratos y violaciones a sus derechos humanos y señala con énfasis que continúan las arbitrariedades y violaciones al debido proceso de los reos de conciencia.
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Entre las principales violaciones, la organización que monitorea la situación de los encarcelados políticos en el país, denuncia que «se siguen registrando audiencias judiciales realizadas mediante videollamadas desde los sistemas penitenciarios, lo que imposibilita la participación efectiva de la persona detenida y, por ende, la garantía de una defensa justa».
Agrega que «las personas (presas políticas) continúan experimentando una grave vulneración de sus derechos como resultado de las detenciones a las que son sometidas. En gran medida, se ha generalizado la negativa a permitirles contar con abogados de su elección y confianza, así como el acceso a su expediente jurídico para ejercer su defensa, tal como lo establece la ley», denuncia el Mecanismo en su estudio, actualizado al 31 de octubre pasado.
Asimismo, señala que los administradores de justicia del régimen, tras impedirles el derecho a tener una defensa de su elección y confianza, les impone a los reos de conciencia un defensor público, asalariado del Estado y por tanto empleado de la dictadura «que parece tener una clara complicidad con el sistema judicial».
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Entre los casos más recientes se conoce el del dirigente juvenil Jason Salazar, quien fue sometido a «desaparición forzosa» por más de dos meses, para finalmente llevarlo a un juicio «a distancia» mediante videollamada, donde prácticamente solo le leyeron la sentencia.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado la avalancha de arbitrariedades que comete el Poder Judicial en contubernio con el Ministerio Público y la Defensoría Pública en contra de los reos de conciencia.
El defensor Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos, ha señalado que ese tipo de violaciones procesales y a los derechos de los reos «no tienen precedentes» en el país pues «se violenta y lacera todo el procedimiento».
El abogado y defensor de derechos humanos recordó que todo procesado tiene derecho a un juicio seguro, independiente e imparcial, algo que en Nicaragua, bajo la dictadura de los Ortega-Murillo no ocurre.