El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) informó que durante los últimos seis meses la nueva ola de violaciones de derechos humanos en el país «ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución».
Durante la presentación, este martes, 12 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, los expertos indicaron que personas opositoras y defensoras de derechos humanos enfrentan severas presiones para abandonar Nicaragua, «a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, y la criminalización continua y el uso de detenciones arbitrarias».
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Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, de su última actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, el GHREN señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia Católica de Nicaragua, son cada vez más el blanco de ataques, lo que ha ocasionado que muchas personas defensores y opositores tomen la decisión de abandonar el país.
«Una vez en el extranjero, se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes; y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación», remarcó el Grupo de expertos a través de una nota de prensa.
Condenan robo de 27 universidades
Por otra parte, señaló que la administración de Daniel Ortega ha intensificado la persecución en contra de universidades «como espacios para el pensamiento crítico e independiente».
Recordó, además, la cancelación de la personalidad jurídica y robo de los bienes de 27casas de estudios, amparados supuestamente en infracciones de la normativa, «lo que refleja la instrumentalización del aparato del Estado para suprimir la libertad y la diversidad académica».
«El estudiantado, percibido como disidentes u opositores a las autoridades, han pagado un alto precio. Muchos han sido expulsados, y se enfrentan a hostigamientos que incluyen la denegación de sus expedientes académicos y documentación, lo que contribuye a que no puedan continuar sus estudios en Nicaragua o en el extranjero», añadió el grupo.
Hizo hincapié en que la persecución en contra de las diferentes universidades se ha extendido a las autoridades académicas y a los profesores, asegurando que el estudiantado y el personal en estas circunstancias se han visto obligados a abandonar el país, y a algunos se les ha privado de su nacionalidad una vez en el extranjero.
Violaciones se perpetran al más alto nivel del Estado
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el GHREN afirmó que estas se perpetran al más alto nivel del Estado, conjuntamente con otras instituciones controladas por el Gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al Gobierno.
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«La gravedad de estas violaciones, junto con los demás crímenes documentados hasta la fecha, perpetrados debido a la identidad política del grupo contra el que se dirigen, lleva al Grupo de Expertos a concluir que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos», denunció el Grupo de Expertos.
Un vez más los expertos pidieron al Gobierno de Daniel Ortega que permita el acceso de organismos de verificación neutrales e independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a los centros de detención donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos. Además reiteró su llamado para que coopere con el Grupo y le conceda acceso al país.
También instó a la comunidad internacional a garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de las personas privadas de su nacionalidad u obligadas a abandonar Nicaragua; y, en la medida de lo posible, facilitar su asimilación y naturalización, así como ampliar las sanciones «contra instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua».