Luego que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renovara por dos años el mandato de investigación para Nicaragua en el contexto de la represión de 2018, defensores de derechos humanos celebraron esta extensión para seguir denunciando a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En conferencia de prensa virtual, organizada por el Colectivo 462 —conformado por más de 20 organizaciones de derechos humanos—, Raphael Viana, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, calificó como «momento histórico y excepcional» la extensión del Grupo de Expertos para Nicaragua.
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Viana recordó que es la segunda vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos que se extiende por dos años un mandato de investigación sobre un país. «Esa excepcionalidad no solo refleja la gravedad de la situación en Nicaragua, sino la constancia del deterioro de la crisis a largo plazo desde el 2018 y el creciente aislamiento del Gobierno —de Daniel Ortega— de la comunidad internacional».
Subrayó que la continuidad del Ghren (por sus siglas en inglés) se debe también al esfuerzo coordinado de la sociedad civil nicaragüense e internacional «que trabajaron a mano para lograr este objetivo».
Destacó, también, que esta nueva resolución goza de un mayor apoyo que en su versión anterior, lo que a su ver «es muy raro en este Consejo de Derechos Humanos que contó con 21 votos a favor y cinco en contra y 21 abstenciones».
«Una gran sorpresa ha sido un mayor apoyo regional, ya que dos países próximos al gobierno nicaragüense que se habían opuesto a la resolución del año pasado, y que habían sido Honduras y en particular Bolivia, este año decidieron abstenerse, lo que es una señal política bastante clara, que otra vez refleja la gravedad», agregó.
Dos años más para seguir investigando a Ortega
Por su parte, la defensora de derechos humanos de Nicaragua Alejandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa jurídica (UDJ), agradeció «el apoyo a la demanda del respeto a nuestros derechos humanos y el esfuerzo de democratización de nuestro país para impulsar esta resolución. Además, agradecemos a los países que colaboraron y apoyaron a su aprobación», indicó.
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Según la defensora, la renovación del Ghren es una oportunidad para seguir profundizando en la investigación de los hechos, así como los crímenes de lesa humanidad, «sus perpetradores y las cadenas de mando».
«Estos dos años nos permite seguir documentando lo que sigue sucediendo, sobre todo en un país que todavía seguimos viviendo en represión y que no hemos logrado salir del régimen dictatorial en el que está sometido nuestro país», recalcó.
Además señaló que en la resolución queda reflejada la falta de voluntad y cooperación de la administración Ortega y Murillo ante los compromisos asumidos, «de manera contraria ha socavado la institucionalidad de nuestro país y propiciando un clima de impunidad mediante la falta de rendición de cuentas y de investigaciones independientes, transparentes e imparciales de los hechos ocurrido en 2018, así como el destierro y despojo de nacionalidad a opositores».
Para Amaru Ruiz, de Fundación el Río, la renovación del Grupo de Expertos establece nuevas categorías de investigación alrededor de la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
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Enfatizó que en la resolución aprobada se mencionó al menos 12 veces la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes, «y como particularmente se muestra preocupación sobre todo alrededor de la situación de asesinatos, desplazamientos y conflictividad que sucede en la Costa Caribe e Nicaragua».
«Para nosotros y para el trabajo de sociedad civil eso es fundamental porque no solo incluye a pueblo indígenas, sino que también incluye a la situación de las mujeres, a la vulnerabilidad que existe y a la violencia contra la mujer».
Estado de Nicaragua no cesa la represión
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, remarcó que esta resolución se dio en un contexto donde el Estado de Nicaragua de cesar con la represión.
«Todos los contenidos de las preocupaciones discutidas en el Consejo de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua no dio ninguna señal (…) y la que escuchamos hoy por parte de Nicaragua fue de desconocimiento total, que es el mimos discurso de ya casi cinco años», dijo.
Denunció que como Colectivo de Derechos Humanos les consta cómo la dictadura de Nicaragua ha ido consumando más agravio y daño a las más de 300 personas nicaragüenses despojadas hace más de un mes de su nacionalidad.
«Hay bloqueo de pensiones de personas que ya las recibían, el borrado completo de nuestros derechos como que si tal no existimos o no nacimos en el país. Eso es un tema a profundizar porque además tiene otras consecuencias para las familias, ya que son expropiados de sus bienes».
En la votación de este lunes, 21 miembros del Consejo votaron a favor, cinco en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) y 21 se abstuvieron.
La resolución condenó en los «términos más firmes» la decisión del gobierno de expulsar en febrero a 222 opositores encarcelados y de despojarlos de su nacionalidad.
