El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) al Estado de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos en contra de cuatro líderes estudiantiles y desterrados políticos, que integran la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
A través de su cuenta de Twitter, la organización informó que la denuncia se interpuso el lunes, siete de agosto, y que estará representando a los jóvenes opositores Lesther Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo Ramírez y Miguel Flores Matus.
En entrevista con Artículo 66, el secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez-Ayérdiz, explicó que si bien es cierto la denuncia de los cuatro integrantes de AUN tienen hechos comunes, como la prisión, cada uno sufrió diferentes tipos de violaciones a sus derechos.
Citó como ejemplo, que Lesther Alemán sufrió tortura física, «Max —Jerez— era objeto de interrogatorios interminables, a Miguel —Flores— lo fumigaron en una celda, cuando —las autoridades de “El Nuevo Chipote”— estaban fumigando para erradicar las plagas; y Mildred —Rayo— fue víctima de violencia sexual».
Violación al debido proceso
Ramírez-Ayérdiz subrayó que en la denuncia se detalló la violación al debido proceso, acción que los cuatro opositores sufrieron tras las condenas impuestas por la justicia orteguista.
«Sabemos que el régimen actúa de la misma manera con los opositores que llevó y que sigue llevando a juicio. Hay sentencias que son las mismas, otras que fueron prácticamente copiadas, como en el caso de Lesther y Max, que solo cambiaron palabras; parecía sentencias que venían fabricadas del Carmen —Casa presidencial de los Ortega y Murillo—», enfatizó.
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Asimismo recordó que en el caso de Miguel Flores, el Poder Judicial no le permitió que tuviese un defensor privado, «cuando el Código Procesal Penal establece que es un derecho fundamental del proceso elegir al defensor técnico de su voluntad; y en la mayoría de las cosas, es que en el juicio no tuvieron acceso al expediente, violando así el derecho a la preparación a la defensa».
A la vez indicó que en la denuncia ante la CIDH, también se expuso el destierro forzado de los opositores. «Este aspecto lo expusimos como una situación extraordinaria y que quebranta el derecho internacional como nunca antes en estos años donde la región Latinoamérica vive una democracia».
Además recordó que estos exreos políticos ya habían sido representado ante la justicia de Argentina, por el proceso abierto por crímenes de lesa humanidad; mismo que inició en marzo.
Por su parte, el exreo político Lesther Alemán señaló, en su cuenta de Twitter, que esta acción va «camino de la justicia» y que debe recorrerse para alcanzar una sociedad con memoria y que defienda la no repetición» de los crímenes de lesa humanidad. Este medio de comunicación intentó conocer la opinión de los otros tres opositores, sin embargo no se pudo establecer contacto.
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Este martes, ocho de agosto, la CIDH asignó a Calidh el número de denuncia 1443/23, lo que para Ramírez es algo positivo, «porque significa que la Comisión está interesada en el caso».
Desde el 2018, los dictadores Ortega y Murillo iniciaron una ola represiva en contra de los nicaragüenses que se oponen a su régimen. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas presas Políticas de Nicaragua, hasta la fecha hay más de 60 presos políticos, a los que, según denuncian, les han sido violentado sus derechos.
