El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) se refirió a la responsabilidad penal actual y futura de los funcionarios públicos y civiles al servicio de la dictadura de Daniel Ortega que según el organismo se «sumaron a la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua», y que ahora fuera del país expresan «arrepentimiento».
Los señalamientos del organismo cobran relevancia después que el nueve de febrero el régimen orteguista desterrara a cinco militantes sandinistas, quienes fueron enviados a Estados Unidos como parte de los 222 presos políticos expulsados del país.
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Entre los «apátridas» más conocidos se contaron el paramilitar confeso, Marlon Sáenz Cruz, conocido como «El Chino Enoc», y Roberto Larios, el exvocero de la Corte Suprema de Justicia.
Para Calidh, las personas que han participado en graves violaciones de derechos humanos, y que ahora se «arrepienten», «no los releva de la responsabilidad penal que actualmente está configurada y que seguirá vigente porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben».
Además, consideró que para que en Nicaragua no se repitan «los desaciertos del pasado», la amnistía y civiles no debe proceder porque «las víctimas y sus familiares tienen derecho a la justicia, la verdad y la conformación de la memoria».
Remarcó que en el Derecho Internacional está prohibida la amnistía para graves violaciones de derechos humanos, incluidos los delitos de lesa humanidad.
«Funcionarios son responsables penalmente»
En cuanto a la responsabilidad penal de los funcionarios y militantes sandinistas que han sido señalados de participar en la represión gubernamental, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos subrayó que «no solo son responsables penalmente actualmente y en el futuro, sino que lo son éticamente».
«Tienen el deber de relatar en sede judicial y en total protección de sus garantías judiciales cómo, quienes y de qué forma funcionó el aparataje estatal y partidario así como la línea de mandos para que se perpetrasen los delitos de lesa humanidad, sobre todo los cometidos en los momentos más letales de la grave situación que vive Nicaragua», afirmó.
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De tomarse las medidas, la organización indicó que «esto ayudará a las víctimas a conocer la verdad de los hechos, derecho que les es inherente por mandato del Derecho Internacional».
Calidh informó que elaborará y pondrá un informe amplio «respecto de las responsabilidades penales actuales y futuras de funcionarios públicos de diverso escalafón y de civiles, a fin de contribuir a separar la dimensión ética y moral correspondiente a la conducta del arrepentimiento con el derecho de memoria, verdad y justicia de las víctimas y sus familiares».
«La verdad y la reparación integrales deben ser contempladas, no desde la polarización sino desde un acto colectivo y que seguro durará años de reflexión y de reproche social a los responsables como una garantía de no repetición», recalcó.
El organismo concluyó en que la construcción social de la memoria, la verdad y la justicia «debe venir la reparación de las víctimas y la planificación, junto con las organizaciones que representan a las personas afectadas, del mecanismo especial que se usará para juzgar a los responsables, determinar sus responsabilidades y sanciones efectivas, extraer de sus relatos para construir la verdad y la memoria, todo de cara hacia una sociedad pacificada y consciente de que los derechos humanos deben ser el motor refundador del futuro de la sociedad nicaragüense».
Antes del destierro de los funcionarios y militantes sandinistas, abogados y trabajadores del Poder Judicial tomaron la decisión de salir del país, según han relatado, «para no seguir colaborando» con la dictadura de Daniel Ortega.
