El odio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica de Nicaragua se ha extendido a distintas organizaciones sin fines de lucro que trabajaban de manera legal en el país y que eran administradas por monjas de diferentes órdenes religiosas.
Según el informe «Nicaragua: Una Iglesia Perseguida», 10 organizaciones sin fines de lucro, de orden religiosa, han sido víctimas de cancelación de permiso por parte del Ministerio de Gobernación (Migob), señalándolos de no «tener en reglas las documentaciones» para poder funcionar.
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A lo anterior se suma la expulsión de monjas que estaban al frente de algunas de las organizaciones cerradas, otras han declarado que salieron del país de «forma voluntaria».
Sin embargo, la abogada Martha Patricia Molina afirmó que las religiosas han salido porque las autoridades de Nicaragua «no les renuevan la residencia y son hasta escoltadas por la Policía y Migración, a media noche, como que si fueran delincuentes, tal como ocurrió con las hermanas de la congregación Pobres de Jesucristo».
Centros de beneficencias robados por Ortega
Una de las primeras organizaciones religiosas en ser descabezadas por el régimen de Nicaragua fue la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de Madre Teresa de Calcuta.
La organización no gubernamental (ONG) era parte de la lista de 101 asociaciones que fueron ilegalizadas el 29 de junio por los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional.
En septiembre del 2022, el régimen expulsó del país a las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, quienes se encargaban de asistir el Santísimo y rezar el santo rosario en la catedral de Matagalpa. Las hermanas fueron la segunda congregación de religiosas que la administración orteguista ha expulsado del país.
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Otra de los robos que la administración Ortega y Murillo hizo a centros de beneficencias fue en contra de la congregación Hermanas Trapenses, en abril de este año.
Las religiosas denunciaron que el régimen confiscó su monasterio, ubicado en Santa María de la Paz, en San Pedro del Lóvago, pese a que la asociación fue disuelta de forma voluntaria.
Las religiosas, que salieron del país el 24 de febrero, de forma voluntaria y por razones personales, señalaron, a través de su cuenta de Facebook, que fue el Ministerio de Gobernación (Migob) quien les informó que el edificio fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Más expulsiones
La lista de expulsión de religiosas que atendían centros caritativos se ha extendido a medida que Ortega arremete en contra de la Iglesia católica de Nicaragua. El 12 de abril del 2023 ordenó la expulsión de dos monjas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que atendían el asilo de ancianos López Carazo, ubicado en la ciudad de Rivas.
Fuentes de la Diócesis de Granada rebelaron al medio de comunicación Despacho 505 que las religiosas expulsadas son las hermanas, de nacionalidad costarricense, Isabel y Rosario Blanco, esta última funge como directora de la Fundación Asilo López Carazo.
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Las últimas monjas en ser expulsadas de Nicaragua fueron las hermanas de la Fraternidad Pobre de Jesucristo. Las devotas, de nacionalidad Brasileña, cumplieron, este 2023, siete años de estar brindando ayuda a Nicaragua, especialmente en el departamento de León, donde radican. Forman parte de la Fraternidad Franciscana fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
Desde el 2018, al menos 3,400 organizaciones no gubernamentales han sido ilegalizadas por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la última actualización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Según la abogada Martha Patricia Molina, la dinámica de las religiosas ha sido diferente al actuar de los sacerdotes. «Ellas casi nunca salieron haciendo declaraciones pidiendo el cese de la represión como lo hacían los presbíteros, pero la dictadura Ortega-Murillo las ha perseguido ferozmente».
Por su parte, un sacerdote en el exilió manifestó que la arremetida en contra de las religiosas y el cierre de organizaciones es «una forma de presión que la dictadura ha encontrado para someter a la Iglesia católica en Nicaragua, porque las monjas solo cumplen con su misión de atender al más necesitado».