El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua para acabar de someter a la Policía Nacional a sus desmanes totalitarios y enterrar de una vez la institucionalidad que, al menos en papel, quedaba de esa institución señalada de ser causante de asesinatos, desapariciones y torturas contra el pueblo de Nicaragua.
Según una iniciativa enviada a la Asamblea Nacional por el diputado colaboracionista Mario José Asensio Flores, el día de mañana miércoles, cinco de julio, a las nueve de la mañana, queda convocado el plenario de la Asamblea Nacional para una sesión ordinaria en la que se debatirá la reforma al artículo 97 de la Carta Magna y la reforma a la «Ley 872, de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872)».
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Con estas reformas, queda consumada la desaparición, ya en forma de Ley, de la Policía Nacional, para instaurarse oficialmente la Policía orteguista, pues desaparece de la legislación el principio de una «institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante», aunque de eso ya solo quedaba el texto en la Ley.
El artículo 97 de la Constitución Política, vigente establece que «La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante…» y se regirá «en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia».
Sin embargo, a partir de este miércoles, cuando los diputados orteguistas y sus colaboradores reformen ese artículo, desparece de la máxima Ley de la República ese mandato y destaca que «La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su calidad de jefe supremo…».
Con ello, cuerpo represivo de la dictadura se convierte en una especie de «guardia pretoriana» al servicio de los intereses totalitarios de los Ortega-Murillo.
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intentan frenar deserciones con cárcel a policías
En cuanto a la reforma que ordena Ortega a la Ley 872, «Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional», el énfasis va dirigido a tratar de frenar las deserciones en el cuerpo represivo, que se han puesto de moda en los últimos meses, cuando oficiales de diferentes graduaciones se han ido, principalmente hacia EE.UU.
Los legisladores al servicio de la dictadura agregarán a la Ley policial «Incumplimiento de deberes» y destacan que «el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión».
Y además, incorporan un nuevo artículo estableciendo que «el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión».
Retroceso espantoso
Para el analista político y opositor en el exilio Eliseo Núñez, «ya era de esperarse» que Ortega eliminara de la Constitución Política el mandato de que la Policía sea una fuerza apolítica, no deliberante y obediente a la Constitución.
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«Están dejando claro (los dictadores Ortega y Murillo) que (La Policía) es un cuerpo armado, no es un cuerpo civil; que no es apolítico, que no es apartidario y que está supeditado al presidente. Solo le hizo falta poner que está supeditado a su partido», criticó el analista.
Agregó que la reforma a la Constitución y a la Ley de la Policía es «un retroceso espantoso y sale de todos los parámetros imaginables». Para Núñez, ahora es una Policía «del partido de gobierno». Lo peor, según el analista es que los policías aceptan eso y lo hacen «no por ideología, lo hacen por hambre».
