El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la nueva arremetida de la dictadura de Nicaragua contra la abogada Yonarqui Martínez, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió «definitivamente» del ejercicio de su profesión como abogado y notario público.
Tras esta acción, ejecutada el martes, nueve de mayo, el organismo señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «está violentando los derechos humanos» de la jurista, uno de los rostros más visibles en la defensa de presos políticos.
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Los abogados, exiliados en Costa Rica, cuestionaron la decisión del Gobierno de Nicaragua, señalándolos de utilizar al sistema judicial «para continuar violentando los derechos humanos de las personas defensoras nicaragüenses».
Además, hicieron hincapié en que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia carece de validez «por cuanto es una decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige».
«CSJ sigue órdenes de Ortega y Murillo»
Según el Colectivo de Derechos Humanos, el Poder Judicial carece de credibilidad y es nula su acción «porque desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo».
Manifestaron que la referida suspensión de Martínez es propia de la sistemática persecución y «más que una sanción es un castigo contra Yonarqui (Martínez) por su calidad de defensora».
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«Dicho castigo se anuncia precisamente a pocos días de que ella —Yonarqui Martínez— abogara públicamente a favor de las decenas de personas recientemente privadas arbitrariamente de su libertad», subrayaron.
Ante lo que podría ser una nueva ola represiva contra defensores de derechos humanos, la organización demandó el cese de los ataques sistemáticos, así como la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos y la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua.
Yonarqui Martínez es una de las abogadas de presos políticos más destacadas del país. Desde el inicio de la crisis social en Nicaragua encabezó la defensa de los presos políticos hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial Ley de Amnistía. Ha recibido amenazas de muerte, asedio, persecución, atentados en carretera y disparos contra su vivienda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la defensora y ha solicitado al Estado garantizar su derecho a la vida e integridad personal, destacando que Martínez y su familia «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».
Desde el 2021, durante la ola represiva contra opositores, varios defensores de derechos humanos tomaron la decisión de exiliarse, debido a las amenazas, asedio y persecución en su contra. Artículo 66 tuvo conocimiento que otros abogados decidieron en los últimos días salir del país para no ser víctimas de la dictadura orteguista.