La abogada de derechos humanos y presos políticos Yonarqui Martínez denunció ante organizaciones defensoras la persecución que ahora ejerce el régimen de Ortega en contra de su hija, una menor de 10 años.
«Denuncié la semana pasada ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la persecución hacia mi hija, la acosan, le persiguen en un parque donde se supone debe de jugar. ¿Dónde está el Derecho del niño?, como madre les interpelo, un menor de 10 años no se puede defender», refirió la abogada en su cuenta de Twitter.
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La jurista ha denunciado en reiteradas ocasiones las constantes amenazas en su contra y a su familia de parte de la Policía y simpatizantes del régimen. Martínez refiere que, «no es con amenazas que se calla una voz, es con hacer lo correcto, restaurar la democracia, respetar los derechos humanos y ser instituciones autónomas e independientes».
Simpatizantes sandinistas han arremetido en contra de la abogada desde el 2018, encargándose de acosar y amenazar. Martínez ha calificado la persecución del régimen de Daniel Ortega como una cobardía, «porque soy una mujer que solo tengo como arma mis libros y la ley. Esto es un acto cobarde, porque soy una mujer que lo único que sabe hacer es defender derechos», expresó.
Martínez es una de las abogadas de presos políticos más destacadas del país. Desde inicio de la crisis social en Nicaragua encabezó la defensa de los presos políticos hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial Ley de Amnistía. Ha recibido amenazas de muerte, asedio, persecución, atentados en carretera y disparos contra su vivienda.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares a favor de la defensora y ha solicitado al Estado garantizar su derecho a la vida e integridad personal destacando que Martínez y su familia «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».
El organismo también demandó a Ortega que la jurista «pueda desarrollar sus labores como abogada defensora, sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas, así como informar de forma periódica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares» mismas que han sido ignoradas por el régimen.