Opositores, críticos y defensores de derechos humanos condenaron la reciente confiscación de la Cruz Roja Nicaragüense, por orden del régimen de Daniel Ortega, quien ahora pasa a la institución a manos del Ministerio de Salud (Minsa), de Nicaragua.
La nueva acción de la dictadura de Nicaragua se dio la mañana de este miércoles, 10 de mayo, luego que la Asamblea Nacional, controlada por la administración orteguista, aprobó, de manera unánime, la iniciativa de «Ley de Derogación del Decreto Legislativo N. 357 del 29 de octubre de 1958» con la que elimina a la Cruz Roja Nicaragüense, como ente autónomo.
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Para el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la estrategia de la dictadura se centra en controlar todos los espacios de la población.
Asegura, además, que el mensaje que están enviando los dictadores Ortega y Murillo es «que nada ni nadie está exento», ya que al adscribirla al Minsa «esta pierde toda su autonomía y naturaleza y se convierte en un instrumento político más del régimen».
«Cruz Roja siempre ha aplicado el principio de neutralidad»
Por su parte, el también defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión recordó que en Nicaragua se ha cerrado todo tipo de espacio cívico y que hasta la fecha se han cancelado más de tres mil asociaciones sin fines de lucro.
Refirió que en el caso de la Cruz Roja, esta es una asociación particular que la distingue de otras asociaciones por el tipo de servicio que brinda. «La Cruz Roja es conocida, desde hace muchos años en Nicaragua, por aplicar el principio de neutralidad».
«Cuando se dio la guerra para derrocar a la otra dictadura, la Cruz Roja brindó auxilio a los heridos; por cierto, el que hace de dictador ahora —Daniel Ortega— estaba del lado del movimiento guerrillero, ahora habría que preguntarle cuántos de sus heridos atendió la Cruz Roja», reprochó Carrión.
También indicó que hasta la fecha no se conoce una decisión similar a la realizada por el régimen de Ortega, donde se está cambiando el orden jurídico de la Cruz Roja. «La decisión de la Asamblea es unánimemente un acto de vergüenza que no se registra y que queda para la historia porque atenta contra la decencia».
Héctor Mairena: Ortega siempre ha querido adueñarse de la Cruz Roja
Otro en reaccionar a la decisión del orteguismo fue Héctor Mairena, integrante del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, quien dijo que la acción de la Asamblea Nacional, se basa en solo tramitar la voluntad política de Daniel Ortega.
«Esto no es más que otra expresión de totalitarismo frente al que estamos y que práctica la dictadura de Nicaragua, porque no quiere dejar ningún espació que tenga algún grado de independencia y por eso ha anulado la personalidad jurídica de más de tres mil organizaciones no gubernamentales», sostuvo.
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A su vez subrayó que desde hace décadas ha sido «un viejo sueño» de la dictadura de Nicaragua adueñarse de la Cruz Roja. «Me consta que Gustavo Porras, operador políticos del orteguismo, desde hace años tiene planteada esa meta y que ahora logra cristalizar en el contexto de la radicalización de la dictadura».
También consideró que el robo en contra de la Cruz Roja es «un escándalo internacional, porque afirma que Ortega está siguiendo el modelo de otros países donde hay regímenes totalitarios, en el que ni siquiera la Cruz Roja puede existir de manera independiente».
Según la activista y defensora de derechos humanos Ana Quirós esta es una forma más de la dictadura de limitar la atención en salud a la población en general, «pero en especial a las personas que son criticas del Gobierno, y por eso considero que este es un atentado y un hecho condenable, ya cualquier día de estos podríamos ver expropiación de templos —religiosos—».
«Después de cinco años de la insurrección cívica del 2018, la Cruz Roja de Nicaragua brindó atención a las personas heridas, lo que resultó que se cuestionara su labor, cobrándole así haber cumplido con su misión y haber hecho gala con los principios que estaban en sus mandatados», dijo.
La Cruz Roja Nicaragüense fue fundada, según Acuerdo Ejecutivo número 23, el 10 de enero de 1934 por el doctor Juan Bautista Sacasa, Presidente de la República, reconociéndola como «Sociedad Nacional de la Cruz Roja» con funciones en todo el territorio nacional, pero ahora el dictador Ortega la aniquila para hacerla de su propiedad.