Según los resultados de la encuestadora nicaragüense M&R Consultores, el 87.9% de los nicaragüenses aseguran que en el país hay libertad religiosa, sin embargo se contradice con el cerco impuesto a la libertad de culto, encarcelamiento y destierro de sacerdotes y expulsión de monjas.
Raúl Obregón, gerente general de M&R Consultores, fue quien leyó los resultados del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO) Edición 72; 1er trimestre, con lo que pretende salirle al paso a las denuncias recientes de ataques contra la iglesia católica.
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Cabe señalar que la persecución del régimen orteguista ha ubicado a Nicaragua en el cuarto puesto de la lista de los países más peligrosos para los cristianos en América Latina, solo superado por México, Colombia y Cuba.
A nivel global, la nación centroamericana se coló en el lugar 50 de la Lista Mundial de la Persecución 2023, que elabora la organización Puertas Abiertas. Explica, además, que el régimen de Managua considera «agentes desestabilizadores» a las iglesias que denuncian las «injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno».
Dicha situación —agrega la organización— ha convertido a la Iglesia católica nicaragüense en «blanco de hostilidad, que puede incluir intimidación, acoso, vigilancia, detenciones e incluso ataques».
Expulsión, encarcelamiento y obstáculo a la libertad de culto
Aunque la dictadura de Ortega intenta, a través de sus encuestas pagadas a M&R Consultores, crear una realidad inexistente en Nicaragua, los hechos concretos dan cuenta que la Policía ha impedido hasta salir en procesión a las calles; sumado a esto, tiene encerrado a monseñor Rolando Álvarez, a quien condenó a 26 años de prisión, más la pérdida de su nacionalidad, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
También tiene tras las rejas a monseñor Leonardo Urbina, párroco de Boaco y al sacerdote de Manuel Salvador García, condenados por supuestos delitos comunes.
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El mismo día —ayer miércoles, 14 de abril— de los resultados de la encuesta, la dictadura Ortega y Murillo expulsó a dos monjas dominicas, que atendían el asilo de ancianos López Carazo, ubicado en la ciudad de Rivas.
Las religiosas expulsadas son las hermanas, de nacionalidad costarricense, Isabel y Rosario Blanco, esta última funge como directora de la Fundación Asilo López Carazo. Ambas arribaron la tarde de ayer a Costa Rica.
La Diócesis de Tilarán-Liberia informó en sus redes sociales que las religiosas fueron recibidas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas por su hermana Violeta Blanco Cubillo.
Otra de las situaciones que contradicen los datos del régimen de Nicaragua es la confiscación del monasterio, propiedad de la congregación Hermanas Trapenses, ubicado en Santa María de la Paz, en San Pedro del Lóvago.
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La nueva arremetida del Gobierno de Nicaragua se dio pese a que la asociación fue disuelta de forma voluntaria y las religiosas salieron del país el 24 de febrero, del 2023.
Según las hermanas trapenses, fue el Ministerio de Gobernación (Migob) quien les informó que el edificio fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Antes de esto, el sacerdote Donaciano Alarcón, de origen panameño, fue expulsado de Nicaragua, el lunes, tres de abril. El religioso era uno de los encargados de la iglesia María Auxiliadora, de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz.
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El sacerdote expresó a la emisora radial de Panamá, RPC Radio, que tras su salida forzosa por la frontera de Honduras se encontró «con muchos ángeles» porque asegura que quedó perdido en el camino.
«Credibilidad profesional de M&R está por el suelo»
Héctor Mairena, integrante del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Banco (Unab), dijo a Artículo 66 que «las llamadas encuestas que presenta periódicamente M&R consultares no son más que un instrumento de propaganda de la dictadura de los Ortega-Murillo».
«La credibilidad profesional de M&R está por el suelo; esos datos que presentan son inventados. Es el país imaginario que los Ortega-Murillo quieren vender a la opinión pública nacional e internacional».
Aseveró que es claro que la mayoría de la población nicaragüense rechaza al régimen de Ortega, «pero eso no lo dirá la encuesta, porque es claro que una enorme cantidad de ciudadanos han tenido que huir del país por la situación política y económica».
«Hay encuestas serias que demuestran que la principal preocupación de los nicaragüenses es la economía (…) por lo que esos datos son insumos para la dictadura en Nicaragua», recalcó.
A cinco años de la rebelión cívica del 2018, el dictador Daniel Ortega sigue afirmando que lo que ocurrió en el país fue intento fallido de golpe de Estado, pero su régimen es señalado por miles de nicaragüenses de ser el responsables de crímenes de lesa humanidad.
