La redada ejecutada contra músicos nicaragüenses en abril de 2022 habría estado dirigida por Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial. El “guitarrista”, según el medio digital Divergentes, lanzó sus dardos contra los artistas porque no soportó que los músicos se solidarizaran con las víctimas de la represión dirigida por sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Juan Carlos, molesto, empezó por orientar el secuestro de los productores musicales Leonardo Canales, Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia. Tampoco escapó el vocalista de la banda Monroy y Surmenage, Josué Monroy.
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Este último denunció ser víctima en prisión de interrogatorios por dos días y amenazas contra su familia. Finalmente, fue desterrado. Antes de las capturas, Juan Carlos, sancionado por EE. UU. y la UE, infiltró a sus trabajadores para sacar información sobre las bandas, su lucha y social y lo que pensaban sobre él.
El joven opositor y excarcelado político Lesther Alemán denunció ante los líderes del mundo, que participan en la II Cumbre por la Democracia, la «brutal» represión y la prolongada «radicalización autoritaria» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense, que a cinco años del estallido de abril, la crisis sociopolítica «clama con urgencia que se solucione».
El líder universitario y uno de los desterrados por Ortega recordó que en 2018 los jóvenes nicaragüenses se manifestaron en contra de la dictadura sandinista para exigir democracia, respeto, libertad y justicia. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por el régimen, que dejó un total de más de 350 personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Suprema de Justicia anunció el cierre del Centro de Mediación y Arbitraje «Antonio Leiva Pérez», perteneciente a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), entidad que el pasado 14 de marzo, quedó sin personalidad jurídica por órdenes del Ministerio de Gobernación (Migob).
La Cámara de Comercio inauguró el Centro de mediación en 2006, cuando José Adán Aguerri era presidente de esa organización. Durante ese mismo año firmaron un convenio para ser la sede nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El centro resolvía conflictos nacionales e internacionales y utilizaba equipos de alta tecnología en beneficio de sus aliados empresariales.
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La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que su régimen enviará a convivencia familiar a 2,500 reos comunes que están detenidos en diversos centros penitenciarios del país, pero mantiene en prisión a 37 personas presas políticas, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales.
La vocera de Ortega detalló que los reos comunes que serán enviados bajo ese régimen son 830 del Sistema Penitenciario de Tipitapa; 530 de Granada; 425 de Matagalpa; 196 de Estelí; 164 de Juigalpa; 148 de Chinandega; 113 de León y 94 de Bluefields.
