En la lista de los 94 nicaragüenses a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó su nacionalidad este miércoles 15 de febrero, están líderes religiosos como monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, el padre Edwing Román, expárroco de la iglesia San Miguel de Masaya y el sacerdote Uriel Vallejos.
Tras conocer la nueva arremetida del orteguismo, el padre Román expresó a través de su cuenta de Twitter que pese al dictamen, él se considera «orgullosamente nicaragüense».
«Se equivocan los dictadores de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, que me despojan de mi nacionalidad con un vulgar escrito. Yo no entrego ni vendo la soberanía de mi país, ni a los rusos, ni a los chinos. ¡Volveré en libertad!», refutó el religiosos desde su exilio en Estados Unidos.
El sacerdote originario de Masaya, salió del país en agosto de 2021 tras las amenazas que la vicepresidenta Rosario Murillo lanzó en su contra. Desde entonces no ha dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.
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En la lista de apátridas, el dictador de Nicaragua también incluyó al padre Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia en Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa, y para quien también habría ordenado a la Interpol su captura tras vincularlo en la acusación contra monseñor Rolando Álvarez, condenado recientemente a 26 años y cuatro meses de cárcel.
Vallejos, citó en cuenta de Twitter parte de la letra de la canción «Nicaragua mía», rechazando así el dictamen del gobierno orteguista. «Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios» y agregó la consigna de miles de opositores: «¡Viva Nicaragua libre!».
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Para el periodista en tema religiosos, Israel González Espinoza, la acusación y el consiguiente despojo de su nacionalidad nicaragüense, contra Monseñor Báez «es inaudita»
«Un obispo y ciudadano íntegro. No han podido con su testimonio de pastor cercano del pueblo», refirió el comunicador desde exilio en España.
Las nuevas acciones represivas de la dictadura nicaragüense surgen luego que el nueve de febrero, Ortega ordenara a sus magistrados y jueces expulsar del país y desojar de la nacionalidad a 222 exreos políticos, entre ellos sacerdotes y laicos, a los que mantuvo cautivos en las diferentes cárceles del país.
Según abogados defensores de derechos humanos, la aplicación a la reforma del artículo 21 de la Constitución de la República carece de legalidad porque se está condenado a ciudadanos en ausencia.