La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió el despojo de la nacionalidad nicaragüense a la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense del Derechos Humanos (Cenidh) y de otras 93 personas por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La CIDH repudia decisión de Nicaragua de privar arbitrariamente de nacionalidad a la defensora Doña Vilma Nuñez de Escorcia junto con otras 93 personas por defender DDHH”, señaló el organismo a través de Twitter,
Además, urgió al régimen de Nicaragua proteger la vida e integridad de la destacada defensora de derechos humanos, “de conformidad con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH”.
La tarde de este miércoles, la dictadura nicaragüense, a través del Poder Judicial, ordenó arrebatar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. Entre los nuevos «apátridas» están periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios del régimen y opositores.
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Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
🇳🇮 #CIDH repudia decisión de #Nicaragua de privar arbitrariamente de nacionalidad a la defensora Doña Vilma Nuñez de Escorcia junto con otras 93 personas por defender DDHH. Urge a proteger su vida e integridad de conformidad con las medidas provisionales otorgadas por @CorteIDH pic.twitter.com/puOPJifpiq
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 16, 2023
“Un derecho inderogable”
La CIDH recordó que la nacionalidad constituye un derecho “inderogable” y esa privación de la misma, “especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.
Entre los destacados nicaragüenses a los que el régimen despojó de su nacionalidad también figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, entre otros.
En la resolución, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordena además “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
Vamos nicaragüenses, ya es hora de sacar del poder al dúo decrépito; ya sea caminando o en sarcófagos